El maquillaje gana terreno en diferentes ámbitos del Gobierno. Con variados tonos, oscurece la totalidad del ya corroído sistema estadístico que controla el Indec (borrando la inflación y los pobres), esconde el verdadero objetivo en un discurso pro mercado que avala la creación del Fondo del Bicentenario y ayer distorsionó nuevamente los datos del superávit de 2009 que adelantó la presidenta Cristina Kirchner.
Según precisó luego, siempre a medias, el ministro de Economía, Amado Boudou, el superávit fiscal primario de diciembre fue de 5077 millones de pesos. Lo que no dijo el funcionario ni tampoco la Presidenta es que, si no se hubieran computado como ingresos corrientes el dinero que arribó del tan criticado Fondo Monetario Internacional (FMI) y los aportes de la seguridad social, el número final se hubiera convertido en un déficit de 8170,8 millones de pesos.
Los Derechos Especiales de Giro (DEG) que brindó el Fondo, siempre golpeado desde los atriles oficiales, alcanzaron los 5493,7 millones de pesos. En tanto, el dinero de los futuros jubilados y otros, cuyo gasto ya está justamente predestinado, sumó $ 7755 millones.
La conveniente comunicación oficial olvidó mencionar que durante todo 2009 se registró una caída fenomenal de superávit de un 47% y un déficit financiero de $ 7131,1 millones. El efecto Jazz terminó finalmente golpeando a la Argentina en un contexto que la marginó del sistema financiero global. El mismo que, en rigor, generó la crisis. Pero además se trata de un momento en el que la presión tributaria en el país es superior a la que muestran Estados como Canadá y Australia (en el ámbito local es del 31,2% del producto bruto interno).
A diferencia de aquellas naciones desarrolladas, que con el objetivo de mejorar la equidad social, impulsan la recaudación impositiva con tributos focalizados en las ganancias y la propiedad (en ambos países aportan 20 puntos del PBI), en la Argentina, esos tributos sólo recaudan apenas 6,6 puntos del producto. El 24,5% restante se compone de gravámenes al consumo, el trabajo y la producción.
Apuntando a la calidad. El Gobierno tiene razón: gastar es bueno. Pero sólo si ese gasto está en una sana relación con los ingresos (reales) o si es posible emitir deuda a bajo costo y, fundamentalmente, si no genera inflación. Nada de eso se cumple.
Los ingresos fueron apuntalados, ya fue dicho, por la estatización de los fondos de las AFJP y es probable que, si el Gobierno le quita la licencia a Telecom, se quede con una empresa que supo generar y aún lo hace una gran rentabilidad.
La posibilidad de emitir nueva deuda iba a darse este enero con una nueva reapertura del canje cerrado en 2005. Boudou pronosticó que la reestructuración del pasivo se hará sin problemas. No obstante, deberá explicar los tironeos institucionales por el Banco Central y la devastada credibilidad del Indec después del inusual reclamo de la SEC, el organismo bursátil de los Estados Unidos.
La última vez que el Gobierno se endeudó fue con Venezuela, su único prestamista, y casi genera una hecatombe cuando los mercados juzgaron la tasa pagada (15% en dólares) y el destino que le dio Hugo Chávez a esos bonos como una eventual posibilidad de default en el país. A partir de allí, nació la estrategia de pedir prestado a dependencias públicas superavitarias: otra vez, entre otros, el dinero de los jubilados.
Gastar no está mal. Pero sí es posible que el kirchnerismo tenga que revisar la calidad del gasto. Más de 900 millones para una empresa nacionalizada envuelta en escándalos como Aerolíneas Argentinas, 600 millones por año para el llamado Fútbol para Todos, o la utilización de oscuros subsidios para financiar el consumo de gas y luz de la clase alta, entre otros, hacen chirriar los dientes cuando los argentinos no disfrutan ni de hospitales en condiciones, escuelas con los requerimientos mínimos o medios de transporte que no sean similares a los del ganado.
La inflación es otro tema. La Universidad Tocuato Di Tella (UTDT) estima que en 2010 superará el 20% anual, cuando, durante el recesivo 2009, fue de 15%, según las estimaciones del centro de estudios Buenos Aires City. Un peligroso gasto para fomentar el consumo en tiempos preelectorales podría fogonear ese escenario.
En este punto entra el Banco Central (BCRA). El Gobierno necesita la creación del Fondo del Bicentenario no para cancelar pagos corrientes que exceden la letra del Presupuesto -como dice parte de la oposición- sino como una herramienta que le permitiría hacer frente a los ya pactados compromisos en la ley de leyes. El diputado Claudio Lozano señaló con tino que en esa norma existe un bache de varios millones en gastos que nunca explica cómo serán financiados. En definitiva fue otra ley maquillada.
La Presidente dio ayer una pista de su objetivo final. No fue en su diatriba contra Julio Cobos mientras suspendía el viaje a China, o cuando adelantó los fastuosos números del superávit. Fue cuando firmó en el Boletín Oficial el decreto 2254/20 que adelantó 20 millones de pesos a Fabiana Ríos, gobernadora de Tierra del Fuego y cuyos legisladores fueron, en los últimos tiempos, clave para la aprobación de leyes impulsadas por el oficialismo.
La estrategia de cara a las elecciones de 2011 sigue siendo la misma. La caja es necesaria cuando se quieren cooptar voluntades políticas para retener un menguante poder. Así se entiende por qué Martín Redrado es el enemigo público número uno. Es que la caja cruje.
Según precisó luego, siempre a medias, el ministro de Economía, Amado Boudou, el superávit fiscal primario de diciembre fue de 5077 millones de pesos. Lo que no dijo el funcionario ni tampoco la Presidenta es que, si no se hubieran computado como ingresos corrientes el dinero que arribó del tan criticado Fondo Monetario Internacional (FMI) y los aportes de la seguridad social, el número final se hubiera convertido en un déficit de 8170,8 millones de pesos.
Los Derechos Especiales de Giro (DEG) que brindó el Fondo, siempre golpeado desde los atriles oficiales, alcanzaron los 5493,7 millones de pesos. En tanto, el dinero de los futuros jubilados y otros, cuyo gasto ya está justamente predestinado, sumó $ 7755 millones.
La conveniente comunicación oficial olvidó mencionar que durante todo 2009 se registró una caída fenomenal de superávit de un 47% y un déficit financiero de $ 7131,1 millones. El efecto Jazz terminó finalmente golpeando a la Argentina en un contexto que la marginó del sistema financiero global. El mismo que, en rigor, generó la crisis. Pero además se trata de un momento en el que la presión tributaria en el país es superior a la que muestran Estados como Canadá y Australia (en el ámbito local es del 31,2% del producto bruto interno).
A diferencia de aquellas naciones desarrolladas, que con el objetivo de mejorar la equidad social, impulsan la recaudación impositiva con tributos focalizados en las ganancias y la propiedad (en ambos países aportan 20 puntos del PBI), en la Argentina, esos tributos sólo recaudan apenas 6,6 puntos del producto. El 24,5% restante se compone de gravámenes al consumo, el trabajo y la producción.
Apuntando a la calidad. El Gobierno tiene razón: gastar es bueno. Pero sólo si ese gasto está en una sana relación con los ingresos (reales) o si es posible emitir deuda a bajo costo y, fundamentalmente, si no genera inflación. Nada de eso se cumple.
Los ingresos fueron apuntalados, ya fue dicho, por la estatización de los fondos de las AFJP y es probable que, si el Gobierno le quita la licencia a Telecom, se quede con una empresa que supo generar y aún lo hace una gran rentabilidad.
La posibilidad de emitir nueva deuda iba a darse este enero con una nueva reapertura del canje cerrado en 2005. Boudou pronosticó que la reestructuración del pasivo se hará sin problemas. No obstante, deberá explicar los tironeos institucionales por el Banco Central y la devastada credibilidad del Indec después del inusual reclamo de la SEC, el organismo bursátil de los Estados Unidos.
La última vez que el Gobierno se endeudó fue con Venezuela, su único prestamista, y casi genera una hecatombe cuando los mercados juzgaron la tasa pagada (15% en dólares) y el destino que le dio Hugo Chávez a esos bonos como una eventual posibilidad de default en el país. A partir de allí, nació la estrategia de pedir prestado a dependencias públicas superavitarias: otra vez, entre otros, el dinero de los jubilados.
Gastar no está mal. Pero sí es posible que el kirchnerismo tenga que revisar la calidad del gasto. Más de 900 millones para una empresa nacionalizada envuelta en escándalos como Aerolíneas Argentinas, 600 millones por año para el llamado Fútbol para Todos, o la utilización de oscuros subsidios para financiar el consumo de gas y luz de la clase alta, entre otros, hacen chirriar los dientes cuando los argentinos no disfrutan ni de hospitales en condiciones, escuelas con los requerimientos mínimos o medios de transporte que no sean similares a los del ganado.
La inflación es otro tema. La Universidad Tocuato Di Tella (UTDT) estima que en 2010 superará el 20% anual, cuando, durante el recesivo 2009, fue de 15%, según las estimaciones del centro de estudios Buenos Aires City. Un peligroso gasto para fomentar el consumo en tiempos preelectorales podría fogonear ese escenario.
En este punto entra el Banco Central (BCRA). El Gobierno necesita la creación del Fondo del Bicentenario no para cancelar pagos corrientes que exceden la letra del Presupuesto -como dice parte de la oposición- sino como una herramienta que le permitiría hacer frente a los ya pactados compromisos en la ley de leyes. El diputado Claudio Lozano señaló con tino que en esa norma existe un bache de varios millones en gastos que nunca explica cómo serán financiados. En definitiva fue otra ley maquillada.
La Presidente dio ayer una pista de su objetivo final. No fue en su diatriba contra Julio Cobos mientras suspendía el viaje a China, o cuando adelantó los fastuosos números del superávit. Fue cuando firmó en el Boletín Oficial el decreto 2254/20 que adelantó 20 millones de pesos a Fabiana Ríos, gobernadora de Tierra del Fuego y cuyos legisladores fueron, en los últimos tiempos, clave para la aprobación de leyes impulsadas por el oficialismo.
La estrategia de cara a las elecciones de 2011 sigue siendo la misma. La caja es necesaria cuando se quieren cooptar voluntades políticas para retener un menguante poder. Así se entiende por qué Martín Redrado es el enemigo público número uno. Es que la caja cruje.
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