jueves, 21 de enero de 2010
LA DEUDA
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La dudosa legitimidad de la deuda
Si existen sobradas dudas sobre la conveniencia, necesidad y urgencia de crear el Fondo del Bicentenario (en buen romance, de echar mano a las reservas del BCRA para pagar deuda… o gastarlas en otros rubros inconfesables), más dudas hay aún sobre la legitimidad de la deuda.
Por Juan Gabriel Labaké
El tema es complejo y no apto para sacárselo de encima con una de las tantas frases de barricada que abundan en la actualidad: “no hay que pagarla”, “es ilegítima”; o “hay que pagarla”, “fue legitimada”.
Recordemos brevemente:
Al comenzar el año 1973, la deuda era de unos 8.500 millones de dólares.
Al 24 de marzo de 1976, había disminuido a cerca de 7.300 millones. Era deuda, siempre perjudicial, pero manejable.
Luego, un gobierno de facto cívico-militar usurpó el poder, contrarió los intereses del pueblo argentino y, en una asociación verdaderamente ilícita con personajes poderosos del extranjero, “creó” de la nada esta deuda elefantiásica para beneficio de unos pocos nativos y sus socios externos. Además, la acompañó con una política económica neoliberal de capitalismo salvaje que la hizo virtualmente impagable y nos hundió aún más. De modo que hubo dolo en su creación. He ahí su grave e insanable ilegitimidad de origen.
En 2000, el juez Ballestero, por denuncia de Alejandro Olmos, demostró la citada ilegitimidad de origen y del “crecimiento” de la deuda, y lo dejó estampado en su sentencia. Además, señaló a los delincuentes responsables: los cuatro ministros de Economía de la dictadura (Martínez de Hoz, Lorenzo Sigaut, Roberto Alemann y Jorge Wehbe), los cuatro presidentes del Banco Central de esa época (Adolfo Diz, Egidio Iannella, Domingo Felipe Cavallo y Julio González del Solar), el gerente general del BCRA (José Luis Machinea), además de Cristian Zimmermann (vicepresidente del BCRA), Enrique Folcini y Francisco Soldati (directores del BCRA) y Guillermo Walter Klein (viceministro de Economía).
El Dr. Alfonsín nada dijo sobre esa situación, por lo que podría aducirse que hubo una legitimación tácita de la deuda, como lo pretendió la Sra. Kirchner días pasados. Nuestra presidenta, especialmente por ser abogada, debería ser más cuidadosa de sus palabras. Lo suyo no es real y ayuda a nuestros insaciables acreedores, no a la Argentina.
Lo cierto es que, cuando Alfonsín cometió su grave desatino, Ballestero aún no había dictado su sentencia, de modo que en ese momento sólo podía hablarse de conjeturas, pero no de certeza jurídica sobre dicha ilegitimidad. Tal hecho, más la existencia de dolo original insanable, son dos sólidos argumentos para sostener que el garrafal error del Dr. Alfonsín no constituye una legitimación de la deuda, jurídicamente hablando.
La dupla Menem-Cavallo agravó mucho nuestra posición jurídica al producir lo que en Derecho se llama una novación de la deuda, como ya veremos.
El fallo de Ballesteros se conoció en 2000. Gobernaban De la Rúa y Chacho Álvarez, quienes, a pesar de dicha sentencia, aceptaron calladamente los errores anteriores y los profundizaron al designar como ministro de Economía a uno de los fraudulentos creadores de la deuda: Domingo Cavallo.
En 2001, un puñado de argentinos desplegamos respetuosamente carteles en pleno recinto de la Cámara de Diputados, pidiendo que se investigara la deuda. El presidente “aliancista” de la Cámara, Sr. Rafael Pascual, nos hizo echar de muy mala manera por los fornidos integrantes de su propia “task force”. El tumulto fue de consideración. Los periodistas tomaron fotos y notas al por mayor. Al día siguiente nada de ello apareció en los medios… De la Rúa y Chacho se borraron. La prensa, también.
Igual responsabilidad le cabe a los ex presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, así como a la actual presidenta, con el agravante de que ésta última se ha constituido en la abogada de la legitimidad de lo ilegítimo.
Mención aparte merece la actuación de Adolfo Rodríguez Saá, presidente constitucional, aunque no elegido por el pueblo. Al asumir ante la Asamblea Legislativa, anunció que se suspendería el pago de la deuda hasta tanto el Parlamento investigara su legitimidad, según el mandato dado por el juez Ballestero a senadores y diputados. La polvareda que levantaron esas “subversivas” palabras fue impresionante: políticos, economistas, medios de todo tipo y otros “especialistas” levantaron su voz para tergiversar lo dicho por el presidente, a quien le atribuyeron haber declarado el “default”… El interesado coro de defensores de la legitimidad de la deuda se vio ampliamente favorecido por la superficialidad de los legisladores que, ante tamaño anuncio presidencial, confundieron el Congreso con la tribuna popular, y vivaron las palabras del presidente como si hubiera sido un gol de último minuto. En lugar del grito futbolero, se imponía el aplauso sobrio, meditado, ante el difícil aunque indispensable desafío que asumíamos frente al mundo. Hoy, seguimos confundiendo la toga con el tablón, el desafío con la mojada de oreja, la Biblia con el calefón.
De todos modos, y a pesar de la férrea voluntad de casi todos nuestros gobernantes de darla por legítima, la deuda no lo es, al menos por haber sido creada y engordada fraudulentamente, es decir gracias al dolo de propios y extraños. Hay otros motivos que ya analizaremos.
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