Ya se ha convertido en muletilla internacional la noción de que la Argentina es quizás el único país que tiene la capacidad de convertir una oportunidad en una crisis.
La crisis institucional generada por la intención del gobierno de crear un fondo para garantizar la deuda externa y el subsiguiente intento del Poder Ejecutivo de remover al presidente del Banco Central son una muestra del mencionado aforismo. Independientemente de la resolución judicial y política de este lamentable incidente, ya se infligió un daño mayor al tenue prestigio internacional del país.
La reputación de la Argentina como contraparte internacional no confiable ya tiene su tiempo, incluso antes del default de 2001. En ese momento se veía como justificable esta acción por parte del gobierno argentino. Sin embargo, a medida que la Argentina salía de su peor crisis económica en cincuenta años, se esperaba una solución negociada con los acreedores. Las autoridades no siguieron este camino más institucional, e impusieron una solución unilateral, que dejó afuera a un porcentaje muy alto de bonistas y a prácticamente todo el Club de París.
La percepción de falta de buena fe se vio agravada por la colocación en forma desmedida de las reservas por parte de la Argentina en el BIS para aprovechar la inmunidad judicial de esa institución. Aunque esta posición era coherente con la posición argentina de no pagar, esto fue un abuso del uso de esa institución para fines nacionales. El país tiene 80% de sus reservas en el BIS, un porcentaje muy por encima de cualquier otro país con depósitos en la institución. Más aún, 10% de los pasivos del BIS son con la Argentina. Nuevamente esta acción impactó negativamente en la percepción de los inversionistas internacionales acerca de la seriedad del país en cumplir con sus obligaciones.
Luego de la confiscación de hecho de los fondos de pensión, las reservas internacionales del Banco Central, aunque inaccesibles para los acreedores, se convirtieron en la nueva presa del Gobierno. La intención aparente es garantizar el pago de la deuda, pero la realidad es diferente. Con reservas muy por encima de 40.000 millones de dólares, el objetivo real es poder desviar recursos a otras áreas del presupuesto, seguramente más en línea con una expansión oportunista del gasto fiscal. El presidente del Banco Central ciertamente entendió este peligroso derroche de recursos, y se opuso terminantemente a la acción del Gobierno, que tanto él como la Justicia han considerado ilegal.
Aun cuando el presidente Redrado pueda hacer prevalecer su posición en el ámbito del Poder Judicial, el daño a la ya desgastada imagen internacional argentina es casi irreparable. En las condiciones actuales, aun cuando algunos acreedores puedan ver la posibilidad de cobrar sus bonos, el efecto sobre el mercado financiero internacional es negativo. Muy pocos inversores estarán dispuestos a realizar un intercambio de deuda y menos aún a prestar dinero fresco a la Argentina. En última instancia, las recientes acciones del Gobierno, en vez de mejorar el acceso a los mercados, terminan destruyendo cualquier posibilidad inmediata de obtener el financiamiento externo y los fondos de inversión que la Argentina necesita para crecer en forma sostenida.
El autor fue director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI (1994-2002).
La crisis institucional generada por la intención del gobierno de crear un fondo para garantizar la deuda externa y el subsiguiente intento del Poder Ejecutivo de remover al presidente del Banco Central son una muestra del mencionado aforismo. Independientemente de la resolución judicial y política de este lamentable incidente, ya se infligió un daño mayor al tenue prestigio internacional del país.
La reputación de la Argentina como contraparte internacional no confiable ya tiene su tiempo, incluso antes del default de 2001. En ese momento se veía como justificable esta acción por parte del gobierno argentino. Sin embargo, a medida que la Argentina salía de su peor crisis económica en cincuenta años, se esperaba una solución negociada con los acreedores. Las autoridades no siguieron este camino más institucional, e impusieron una solución unilateral, que dejó afuera a un porcentaje muy alto de bonistas y a prácticamente todo el Club de París.
La percepción de falta de buena fe se vio agravada por la colocación en forma desmedida de las reservas por parte de la Argentina en el BIS para aprovechar la inmunidad judicial de esa institución. Aunque esta posición era coherente con la posición argentina de no pagar, esto fue un abuso del uso de esa institución para fines nacionales. El país tiene 80% de sus reservas en el BIS, un porcentaje muy por encima de cualquier otro país con depósitos en la institución. Más aún, 10% de los pasivos del BIS son con la Argentina. Nuevamente esta acción impactó negativamente en la percepción de los inversionistas internacionales acerca de la seriedad del país en cumplir con sus obligaciones.
Luego de la confiscación de hecho de los fondos de pensión, las reservas internacionales del Banco Central, aunque inaccesibles para los acreedores, se convirtieron en la nueva presa del Gobierno. La intención aparente es garantizar el pago de la deuda, pero la realidad es diferente. Con reservas muy por encima de 40.000 millones de dólares, el objetivo real es poder desviar recursos a otras áreas del presupuesto, seguramente más en línea con una expansión oportunista del gasto fiscal. El presidente del Banco Central ciertamente entendió este peligroso derroche de recursos, y se opuso terminantemente a la acción del Gobierno, que tanto él como la Justicia han considerado ilegal.
Aun cuando el presidente Redrado pueda hacer prevalecer su posición en el ámbito del Poder Judicial, el daño a la ya desgastada imagen internacional argentina es casi irreparable. En las condiciones actuales, aun cuando algunos acreedores puedan ver la posibilidad de cobrar sus bonos, el efecto sobre el mercado financiero internacional es negativo. Muy pocos inversores estarán dispuestos a realizar un intercambio de deuda y menos aún a prestar dinero fresco a la Argentina. En última instancia, las recientes acciones del Gobierno, en vez de mejorar el acceso a los mercados, terminan destruyendo cualquier posibilidad inmediata de obtener el financiamiento externo y los fondos de inversión que la Argentina necesita para crecer en forma sostenida.
El autor fue director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI (1994-2002).
Claudio Loser Para LA NACION
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