VIROLA METE MANO

-Alicia Kirchner impone beneficiarios en el plan oficial de cooperativas Argentina Trabaja
Por G. Granata y J. Romero
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Dos funcionarias de Desarrollo Social reconocieron que se inscribieron beneficiarios sin el aval del municipio. En la Justicia ya se tramita una causa por irregularidades. Grupos piqueteros amenazan con cortes.



“El problema en la Argentina no es la pobreza sino la inequidad social, cómo se distribuye” la riqueza.

La definición de Cristina Kirchner al anunciar el plan Argentina Trabaja se convirtió en una profecía autocumplida. Los municipios que no aplican la política de alineamiento con el gobierno nacional comenzaron a sufrir las consecuencias.

En el partido de Morón, el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Alicia Kirchner excluyó a 253 beneficiarios propuestos por la comuna e incorporó en la lista a otros 200 que responden directamente a la cartera que dirige la cuñada presidencial. Y a los trabajadores de los nuevos emprendimientos les pagaron sólo 600 pesos, la mitad del salario mensual que debían percibir.

A su vez, otro intendente de la tercera sección electoral espera que finalice la feria judicial para dar a conocer una denuncia por la intromisión del ministerio en la inscripción de beneficiarios. El programa original que les daba los municipios la potestad para seleccionar a los beneficiarios parece haber perdido frente a la injerencia directa de los funcionarios de Alicia en el control de los programas.

El plan de Ingreso Social con Trabajo Argentina Trabaja que lanzó la Presidenta el 14 de agosto, un mes y medio después de las elecciones legislativas que fortalecieron a los partidos de la oposición, buscó anticipar el reclamo de los sectores sociales más desprotegidos y volver a soldar el escudo protector de los intendentes provinciales dotándolos de poder con una porción de la hipercentralizada caja social, con la intención de evitar una estampida temprana.

El programa integral involucra una inversión de 1.500 millones de pesos para la ocupación de 100.000 personas organizadas en cooperativas administradas por los municipios. El gobierno nacional debe girar los salarios mensuales de 1.300 pesos –poco más de 1.200 en mano– y fondos para los insumos para los trabajos de pequeñas obras públicas y para el pago de los seguros de los trabajadores. Las semanas posteriores al anuncio comenzó a quedar en evidencia el conflicto por el control del ingreso de beneficiarios.

Las organizaciones sociales comenzaron a reclamar espacios para ingresar al plan y realizaron una docena de marchas frente al Ministerio de Desarrollo Social, con dos acampes sobre la 9 de Julio incluidos. La semana que viene repetirán la modalidad de concentrarse bajo las ventanas del edificio que conduce la hermana de Néstor Kirchner.

A los reclamos por participar en la definición de los cupos por parte de las organizaciones sociales, se sumaron ahora las denuncias concretas. En el municipio de Morón, que hasta diciembre estuvo administrado por Martín Sabbatella, el intendente sucesor, Lucas Ghi, suspendió la aplicación del programa hasta que se normalicen los pagos y el Ministerio de Desarrollo Social explique por qué 253 beneficiarios fueron excluidos de la lista.

El arbitrario trueque del ministerio se quedó con la quinta parte del cupo que le corresponde al distrito. “En tiempo y forma se envió el listado de 900 personas para ser incorporadas al plan. Algunos fueron separados de la nómina porque no cumplían los requisitos y se envió una lista complementaria.

A tres meses de la preselección, hay 235 personas que no aparecen en la nómina y nadie nos dice dónde están. Y se incluyeron otras 200 personas que no pasaron por el filtro de la Agencia de Empleo del municipio”, explicó a Crítica de la Argentina el secretario de Gobierno de Morón, Diego Spina. Las irregularidades son conocidas en el Ministerio de Desarrollo Social.

Rubén Murphy, a cargo de la Organización de Ingresos Sociales, el área del ministerio que se ocupa del plan Argentina Trabaja, le dijo anoche a Crítica de la Argentina que “el tema está resuelto desde hace 14 horas, estoy tratando de hablar con los funcionarios del municipio y no me atienden el celular”.

–Pero si están pidiendo una solución, ¿no es raro que no lo atiendan?, preguntó este diario.

–Le dejé cuatro mensajes en el contestador, le aseguro.

–Nosotros pudimos hablar con los funcionarios sin inconveniente...

–Lo llamo de nuevo, entonces. La situación es estrictamente administrativa y está resuelta. Pero no le voy a dar los detalles –completó Murphy.

Las denuncias de los intendentes contra el ministerio también llegaron a Tribunales. Un jefe comunal, que prefirió mantener reserva de su nombre hasta que termine la feria y vuelva pública su presentación, puntualizó ante la Justicia que una delegación de la cartera a cargo de Alicia Kirchner se presentó inesperadamente y comenzó a inscribir beneficiarios en dos esquinas del municipio.

En el escrito, que espera la llegada de un juez, la comuna advierte que no se cumplieron los requisitos que el propio ministerio había fijado. También regresó a la calle. En La Matanza, diez organizaciones sociales acampaban frente a la plaza para denunciar la inscripción de “12 mil personas a través de punteros barriales”.

Fuente: Criticadigital.com - Foto: DYN