INHABILITADO

A Kirchner podría corresponderle la inhabilitación para ejercer cargos públicos

Por Carlos Tórtora



LAVADO EN LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL

DEL 2007



La inminente denuncia judicial de Gabriel Brito, dueño de Global Farmacy, brindará precisiones acerca del mecanismo de lavado de dinero utilizado por el recaudador oficial Héctor Capaccioli en la campaña presidencial del FpV en el 2007. Como se explica en la nota anterior, la campaña se habría financiado casi íntegramente con fondos negros. Los cheques eran aportados por empresarios de segunda línea, proveedores de la Superintendencia de Salud que dirigía Capaccioli. Las nuevas pruebas agravan la investigación que tiene a su cargo la Jueza Federal Electoral María Servini de Cubría. Así es que el informe de campaña del Frente para la Victoria del 2007 contiene una serie de irregularidades a las que se suman ahora las pruebas de lavado en gran escala. Judicialmente, el tema tiene dos perfiles diferentes. Por un lado, la existencia de la maniobra de lavado derivará en una investigación específica. Pero también entran en juego las sanciones dispuestas por la Ley 26215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, que establece los mecanismos de control de las campañas electorales.

Una presidencia que arde

En su artículo 63, inciso b), la ley establece sanciones para los presidentes, tesoreros del partido y responsables de campaña que no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos.

A su vez, el artículo 64 precisa que “Idénticas sanciones a las previstas en los artículos anteriores serán aplicables a las alianzas y a cada uno de los partidos políticos que las integran. Las agrupaciones políticas quedarán exceptuadas de las sanciones siempre que aleguen en su descargo los elementos suficientes que demuestren que ese incumplimiento no les es imputable”. Durante la campaña electoral del 2007, Néstor Kirchner no presidía todavía el PJ, que se encontraba intervenido judicialmente. Pero en mayo del año siguiente asumió la conducción del Consejo Nacional del PJ. A partir de entonces, sí se le podrían imputar responsabilidades por no haber aclarado el origen de los fondos de campaña que llevó a la Presidencia a su esposa. Tal vez su famoso alejamiento de la conducción partidaria horas después de la derrota electoral del 28-j del año pasado también habría tenido que ver con su creciente inquietud por el lavado del 2007.

La ley de financiamiento, en su artículo 63, establece las sanciones para estos casos: “El presidente y tesorero del partido y los responsables político y económico-financiero de campaña serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años, para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios”.

En síntesis, desde que Kirchner se hizo cargo de la conducción partidaria, a pocos meses de la elección del 2007, la responsabilidad por acreditar el origen de los fondos de campaña fue suya. Y, que se sepa, el PJ no habría aportado aclaración alguna sobre el origen de los fondos de campaña. Ahora, en función de la gravedad de la red de lavado que se está descubriendo, no habría que descartar la presentación de denuncias reclamando que la justicia inhabilite a Kirchner para el ejercicio de cargos públicos, es decir, que le impida presentarse, por ejemplo, como candidato a presidente en el 2011.