Por Martín Simonetta1
¿Cuál es la magnitud de los llamados estudiantes “crónicos” en las universidades públicas de la Argentina? Si bien no existen datos sistematizados respecto a la cantidad de alumnos que demoran sustancialmente más de lo previsto para concluir su carrera, de acuerdo a la información disponible es factible realizar una estimación de la magnitud de este fenómeno.
Las estadísticas oficiales nos muestran una dramática brecha entre la cantidad anual de graduados y la población estudiantil en cada una de las 36 universidades nacionales. Si consideráramos a la Argentina como universo, podríamos observar que, de un total de 1.196.581 alumnos registrados (2001), los graduados fueron 45.768 (2000), representando sólo un 3.8% del total.
Dicho de otra forma, al ritmo actual de egreso, serían necesarios 26 años para “desagotar” el stock de estudiantes de las universidades nacionales de la Argentina, un período sustancialmente superior a los entre 4 y 6 años que dura una carrera universitaria.
Este cálculo –que nace de establecer la relación entre la población estudiantil y la cantidad de egresados anuales- es aún más sorprendente si lo aplicamos al análisis de cada casa de estudios. Entre las “ top 5” encontramos a las universidades nacionales de Lanús, Salta, Jujuy, La Rioja y La Matanza, las cuales requieren entre 81 y 68 años para la graduación de la totalidad de sus estudiantes al ritmo actual de graduación. Las siguen de cerca las universidades de Villa María,
Patagonia Austral, Formosa, Patagonia San Juan Bosco y San Juan, que precisarían entre 65 y 37 años para que la población estudiantil concluya sus estudios.
¿Cuál es la magnitud de los llamados estudiantes “crónicos” en las universidades públicas de la Argentina? Si bien no existen datos sistematizados respecto a la cantidad de alumnos que demoran sustancialmente más de lo previsto para concluir su carrera, de acuerdo a la información disponible es factible realizar una estimación de la magnitud de este fenómeno.
Las estadísticas oficiales nos muestran una dramática brecha entre la cantidad anual de graduados y la población estudiantil en cada una de las 36 universidades nacionales. Si consideráramos a la Argentina como universo, podríamos observar que, de un total de 1.196.581 alumnos registrados (2001), los graduados fueron 45.768 (2000), representando sólo un 3.8% del total.
Dicho de otra forma, al ritmo actual de egreso, serían necesarios 26 años para “desagotar” el stock de estudiantes de las universidades nacionales de la Argentina, un período sustancialmente superior a los entre 4 y 6 años que dura una carrera universitaria.
Este cálculo –que nace de establecer la relación entre la población estudiantil y la cantidad de egresados anuales- es aún más sorprendente si lo aplicamos al análisis de cada casa de estudios. Entre las “ top 5” encontramos a las universidades nacionales de Lanús, Salta, Jujuy, La Rioja y La Matanza, las cuales requieren entre 81 y 68 años para la graduación de la totalidad de sus estudiantes al ritmo actual de graduación. Las siguen de cerca las universidades de Villa María,
Patagonia Austral, Formosa, Patagonia San Juan Bosco y San Juan, que precisarían entre 65 y 37 años para que la población estudiantil concluya sus estudios.
En el caso de la Universidad de Buenos Aires -la más populosa, que reúne el 26% del total de alumnos en universidades públicas- el período de graduación es de 26 años.
Por otra parte, si consideramos que el presupuesto universitario 2004 es de 2.028.750.193 pesos y un total nacional de 45.768 egresados, podremos concluir que cada graduado cuesta a la nación la suma de 44.326 pesos. Esto equivale a decir unos $8.865 anuales en una carrera de cinco años, es decir diez cuotas mensuales de $886. De más está decir que dicha cifra resulta varias veces superior al costo de la mayoría de las universidades privadas de nuestro país.
El actual sistema de incentivos de las universidades nacionales, que otorga educación gratuita, irrestricta y sin limitaciones temporales, traslada el costo de una carrera crónica sobre la sociedad y no sobre los mismos estudiantes, alentando la demora en la conclusión de los estudios.
¿Qué pasa en el mundo?
A pesar de la diversidad de regímenes de financiamiento de la educación superior existentes en el mundo, pocos parecen ser tan concesivos como el argentino. Hasta en la mismísima Cuba, los graduados de universidades públicas deben realizar tareas comunitarias por un prolongado período de tiempo como forma de pago de sus estudios.
En el vecino país de Chile, las universidades públicas cuentan con cupos anuales por los que los alumnos compiten y, en caso de requerirlo, pueden obtener un crédito público para pagar estos estudios que deben devolver en los siguientes 15 años a la graduación. Por su parte, en los Estados
Unidos, las universidades públicas pertenecen a los Estados y no al gobierno federal y son, por supuesto, pagas, si bien tienen precios diferenciales para los residentes –quienes son también contribuyentes- de dicho estado.
¿Por qué esta ineficiente asignación de recursos parece no preocupar a nadie? Una primera respuesta es que la educación universitaria se halla en manos del gobierno nacional, lo cual establece una enorme distancia entre los contribuyentes que financian el sistema y los beneficiarios del mismo. Diferente sería si cada provincia en un sistema de federalismo fiscal incluyera en su presupuesto a las actuales universidades nacionales, tal como sucede en los Estados Unidos.
El simple cálculo realizado nos da una idea del impresionante margen existente para asignar una mayor racionalidad al financiamiento de la educación superior en Argentina.
La implementación de una medida simple como el establecimiento de un período máximo de “educación gratuita” de 4, 5 o 6 años según la carrera, podría significar un sustancial ahorro en el presupuesto público. Luego de ese período, cada estudiante debería hacerse cargo del costo de su educación, lo cual reduciría sustancialmente la cantidad de estudiantes crónicos.
Esta simple reforma, si bien no es la única necesaria, constituiría un primer paso hacia la reforma de un sistema de universitario de incentivos fuertemente negativos.
Por otra parte, si consideramos que el presupuesto universitario 2004 es de 2.028.750.193 pesos y un total nacional de 45.768 egresados, podremos concluir que cada graduado cuesta a la nación la suma de 44.326 pesos. Esto equivale a decir unos $8.865 anuales en una carrera de cinco años, es decir diez cuotas mensuales de $886. De más está decir que dicha cifra resulta varias veces superior al costo de la mayoría de las universidades privadas de nuestro país.
El actual sistema de incentivos de las universidades nacionales, que otorga educación gratuita, irrestricta y sin limitaciones temporales, traslada el costo de una carrera crónica sobre la sociedad y no sobre los mismos estudiantes, alentando la demora en la conclusión de los estudios.
¿Qué pasa en el mundo?
A pesar de la diversidad de regímenes de financiamiento de la educación superior existentes en el mundo, pocos parecen ser tan concesivos como el argentino. Hasta en la mismísima Cuba, los graduados de universidades públicas deben realizar tareas comunitarias por un prolongado período de tiempo como forma de pago de sus estudios.
En el vecino país de Chile, las universidades públicas cuentan con cupos anuales por los que los alumnos compiten y, en caso de requerirlo, pueden obtener un crédito público para pagar estos estudios que deben devolver en los siguientes 15 años a la graduación. Por su parte, en los Estados
Unidos, las universidades públicas pertenecen a los Estados y no al gobierno federal y son, por supuesto, pagas, si bien tienen precios diferenciales para los residentes –quienes son también contribuyentes- de dicho estado.
¿Por qué esta ineficiente asignación de recursos parece no preocupar a nadie? Una primera respuesta es que la educación universitaria se halla en manos del gobierno nacional, lo cual establece una enorme distancia entre los contribuyentes que financian el sistema y los beneficiarios del mismo. Diferente sería si cada provincia en un sistema de federalismo fiscal incluyera en su presupuesto a las actuales universidades nacionales, tal como sucede en los Estados Unidos.
El simple cálculo realizado nos da una idea del impresionante margen existente para asignar una mayor racionalidad al financiamiento de la educación superior en Argentina.
La implementación de una medida simple como el establecimiento de un período máximo de “educación gratuita” de 4, 5 o 6 años según la carrera, podría significar un sustancial ahorro en el presupuesto público. Luego de ese período, cada estudiante debería hacerse cargo del costo de su educación, lo cual reduciría sustancialmente la cantidad de estudiantes crónicos.
Esta simple reforma, si bien no es la única necesaria, constituiría un primer paso hacia la reforma de un sistema de universitario de incentivos fuertemente negativos.
(Clic en la imagen para amliar)
1 Director Ejecutivo de la Fundación Atlas (www.atlas.org.ar).
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