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Kirchner en una carrera contra el reloj

Por Pascual Albanese para el Informador Público

El panorama político argentino está signado por un enfrentamiento central, promovido por Néstor Kirchner, que tiene por protagonistas virtualmente excluyentes al gobierno y al grupo Clarín, cuyo resultado signará el escenario electoral del año próximo. Kirchner está absolutamente convencido de que sus chances electorales están totalmente subordinadas a su capacidad para neutralizar la influencia del grupo Clarín en la opinión pública. Si lo consigue, estará en condiciones de ganar. En caso contrario, lo espera la derrota, la pérdida del poder y todas sus naturales consecuencias, políticas e inclusive judiciales.

El grupo Clarín es consciente de esa apreciación de Kirchner y diseñó una estrategia para contrarrestarla. Dicha estrategia surge de la naturaleza asimétrica del conflicto. Kirchner, adueñado del aparato del Estado, necesita lograr su objetivo en un plazo perentoriamente breve. Si no lo logra, perdió. A Clarín, en cambio, le alcanza con soportar airosamente el asedio gubernamental. Si aguanta, triunfa.

Cualquier otra consideración sobre el escenario político tiene un carácter secundario. Si las chances electorales del oficialismo están supeditadas a su posibilidad de doblegar a Clarín, las perspectivas de sus adversarios están, a la inversa, sujetas a la condición - previa - de que el ex presidente no lo consiga. Recién la derrota de Kirchner en esa contienda abre camino para su reemplazo en la cúspide del poder.

El punto central de la ofensiva kirchnerista es la Ley de Medios Audiovisuales de Comunicación, cuyo articulado tiene como objetivo central el desmantelamiento de Clarín como grupo empresario, a través de la venta forzosa de algunos de sus activos más importantes. La aplicación del artículo 161 de esa norma legal sancionada hace un año, que establece precisamente la denominada “cláusula de desinversión” en un plazo máximo de doce meses, está frenada por dos medidas cautelares, apeladas por el Poder Ejecutivo, que aguardan un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia.

Resulta altamente probable entonces que, aún en el caso de que el Poder Judicial convalidase la constitucionalidad de ese artículo, su implementación trascienda el límite cronológico del 10 de diciembre de 2011, fecha de expiración del actual período presidencial., con lo que Kirchner dejaría de ser el beneficiario político del descuartizamiento empresarial del grupo Clarín.

Ante la paralización legal de la aplicación del controvertido artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de Comunicación, que constituye el centro neurálgico de su ofensiva contra Clarín, Kirchner optó por diversificar los ataques y desencadenar una guerra en todos los frentes. A ese criterio, responde la aceleración de la causa judicial sobre la filiación de los hijos de la señora Ernestina Herrera de Noble, el virulento ataque a Papel Prensa, la no aprobación de la fusión entre Multicanal y Cablevisión y la cancelación de la licencia de Fibertel.

Esta idea de Kirchner de una “guerra integral” contra el grupo Clarín incluyó hasta la oposición gubernamental a la construcción de una represa hidroeléctrica en Corrientes, que beneficiaría entre otros a José Aranda, uno de los principales accionistas de Clarín y a la vez uno de los mayores productores de arroz de la Argentina. Aranda fue un protagonista fundamental en la convergencia política forjada entre el holding empresario y las reivindicaciones del sector agropecuario y la cadena agroalimentaria, una confluencia que constituyó el factor desencadenante del enfrentamiento entre Kirchner y el grupo Clarín, iniciado a partir del conflicto desatado por la sanción de la resolución 125, en marzo de 2008.

Lo cierto es que en ninguna de esas batallas Kirchner obtuvo una ventaja decisiva. La cuestión de los hijos de la señora de Noble, orientada a conseguir la prisión preventiva de la principal accionista de Clarín en una causa por apropiación ilegal de niños, quedó estancada luego del fracaso de la prueba de ADN. Los ataques contra Papel Prensa, enderezados a lograr la detención de Héctor Magnetto en una causa por crímenes de lesa humanidad, terminaron por representar un “boomerang” luego de las declaraciones de Gustavo Carvallo, de Isidoro Graiver y de Juan Graiver, quienes desmintieron las afirmaciones vertidas por Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada el 24 de agosto último, basadas en las acusaciones formuladas por Lidia Papaleo de Graiver. La denegación de la fusión entre Cablevisión y Multicanal y la cancelación de la licencia de Fibertel también quedaron supeditadas al resultado de inciertas instancias judiciales.

En este contexto, Kirchner se vio obligado a avanzar en la reglamentación de la Ley de Medios Audiovisuales de Comunicación, con la intención de dar vigencia en los hechos a los plazos legales suspendidos judicialmente, en una iniciativa que lleva implícita la decisión de no eludir un conflicto de poderes con la Corte Suprema de Justicia.

Varios ministros de la Corte están sometidos actualmente a fortísimas presiones de emisarios oficiales para que modifiquen su voto, ya emitido, que desestima las pretensiones del Poder Ejecutivo en relación a la medida cautelar que frena la aplicación del artículo 161. En medios oficiales, se estudia la alternativa de iniciar una ofensiva política contra la Corte, que incluiría la realización de movilizaciones callejeras frente al Palacio de Tribunales y la formulación de acusaciones de complicidad con el grupo Clarín.

En el mundo judicial, los resultados de la reciente elección en el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y de los comicios para la nominación de los representantes en el Consejo de la Magistratura por parte de los jueces y de los abogados del interior constituyen un dato político de envergadura. La percepción generalizada es que el oficialismo está a punto de perder su control sobre el Consejo de la Magistratura, que es su principal herramienta de presión política sobre el Poder Judicial.

Los reveses políticos y judiciales de Kirchner en su batalla contra el grupo Clarín están acompañados por el debilitamiento de su capacidad de presión no sólo sobre la corporación judicial sino también sobre los sectores empresarios. La reunión entre la cúpula de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Unión Industrial Argentina (UIA) constituyó el símbolo de un cambio de escenario, ratificado luego por la ausencia de representación empresaria, UIA incluida, en el acto contra Papel Prensa en la Casa Rosada y las declaraciones de Héctor Méndez sobre las presuntas semejanzas entre la Argentina y Cuba.

El vuelco en el campo empresario está asociado con el estallido del conflicto entre el grupo Techint y el gremio camionero, liderado por Hugo Moyano. Techint es la principal empresa multinacional argentina y, junto a Clarín, encabeza la AEA. Paolo Rocca apareció, junto a Magnetto, en la foto de la reunión entre la UIA y la AEA que despertó una enorme preocupación en la residencia presidencial de Olivos. La acción de Moyano fue considerada como una represalia gubernamental contra Rocca, cuya ejecución coincidió con la asunción por parte de Moyano de la titularidad del Partido Justicialista bonaerense y con el acto de difusión del informe oficial sobre Papel Prensa en la Casa Rosada.

El avance de Moyano en territorio bonaerense es mirado con aprehensión entre los intendentes del conurbano, que recelan de sus implicancias políticas y económicas. Esta táctica de Kirchner acorrala a Daniel Scioli y la reprimenda pública propinada al gobernador incrementó el estado deliberativo del peronismo bonaerense. De allí la importancia atribuida a cónclave reservado realizado en Tigre con la presencia de ocho intendentes, entre ellos el jefe comunal local, Sergio Mazza, y sus colegas de La Plata, Sergio Bruera, y de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino.

Mazza y Bruera ya habían exhibido algunos síntomas de independencia, entre ellos su viaje a Salta para participar de una reunión con el gobernador Juan Manuel Urtubey, que insinúa tomar distancia del kirchnerismo. En todas las encuestas de opinión, Mazza compite con Scioli y con Francisco De Narváez por el primer lugar en imagen positiva dentro del variado espectro del peronismo bonaerense.

Las novedades acerca de la salud de Kirchner caen entonces sobre un terreno políticamente cenagoso. La batalla contra Clarín es una carrera contra reloj, en la que cada día que pasa la situación evoluciona negativamente para el oficialismo. El vuelco en los sectores empresarios afecta la imagen de poder del ex presidente. La estructura oficial del peronismo bonaerense, erigida en el último reducto electoral del kirchnerismo, amenaza con entrar en estado de asamblea.

La oposición institucional, en tanto, espera que el curso de los acontecimientos provoque el efecto de la “fruta madura”. Hasta entonces, privilegia la necesidad de “emprolijar” su imagen. No otra cosa significan el almuerzo entre Julo Cobos y Ricardo Alfonsín, con sus consiguientes señales de pacificación interna en el radicalismo, y la reunión del Peronismo Federal, celebrada el viernes 10 en Buenos Aires, con la asistencia de sus cuatro precandidatos presidenciales. En ambos casos, se trata de irradiar hacia la opinión pública una imagen de seriedad, a la espera de que la derrota del gobierno en su crucial batalla contra el grupo Clarín les abra el camino del 2011.

Pero las diferentes especulaciones en danza acerca de la evolución de la salud de Kirchner, más que a la oposición, conmueven al oficialismo y otorgan un mayor margen de maniobra a los sectores y dirigentes que, desde ese espacio, buscan afanosamente una alternativa que les garantice la supervivencia y, en algunos casos (¿por qué no?), el poder.