TODOS SE DESPEGAN

DESPUÉS DE LA CORTE

¿También se despega la Cámara Nacional Electoral?

Por Alexis Di Capo para el Informador Público

La imputación de Norberto Oyarbide en la asociación ilícita que investiga la mafia de los medicamentos al ex Superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, disparó el otro costado del tema: el lavado de dinero en los aportes de dinero para la última campaña presidencial del Frente para la Victoria. La mecánica que la justicia investiga es simple. Capaccioli recurría a empresarios que le debían favores por su cargo, por ejemplo, Néstor Lorenzo o Carlos Brito, pidiéndoles cheques para destinar a la campaña de CFK. Los fondos para cubrirlos tenían, obviamente, orígenes impresentables, que de ese modo se lavaban. La Cámara Nacional Electoral reaccionó instantáneamente frente a la imputación a Capaccioli. El tribunal, integrado por Alberto Dalla Vía, Rodolfo Munne y Santiago Corcuera, intimó a los jueces electorales de Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Chaco, San Luis y Santiago del Estero a que resuelvan sobre los informes de financiamiento de campaña del 2007, que todavía están pendientes de aprobación. En realidad, la operación de la Cámara apunta a un solo expediente, el informe de la campaña presidencial del 2007 del Frente para la Victoria. En éste aparecen registrados los aportes que ahora están seriamente sospechados de lavado de dinero. Capaccioli y el ex legislador Sebastián Gramajo son los responsables formales de las supuestas irregularidades, pero ellos reportaban directamente al entonces Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y a Néstor Kirchner. María Servini de Cubría tramita este expediente, que hasta ahora no pudo avanzar, porque el fondo de la cuestión, los supuestos delitos, están siendo investigados por Oyarbide y Claudio Bonadío. No es un secreto que la Cámara mantiene una vieja disputa con Servini y esta intimación puede leerse como una forma de deslindar responsabilidades y tratar de recargarlas sobre la jueza.



¿Hay otro trasfondo?

La incógnita que se abre es si la Cámara no está aprovechando el caso Capaccioli para ir despegándose de los Kirchner, en consonancia con la estrategia puesta en marcha por la Corte Suprema. Dalla Vía y Corcuera son conocidos por su afinidad con la UCR. Desde un y medio atrás, los camaristas vienen presionando al gobierno para reformar el sistema electoral, reducir el número de partidos, aumentar los requisitos legales, etc. La ley 26.571 de reforma política fue bien vista por el tribunal pero las coincidencias con el kirchnerismo empezaron a deteriorarse rápidamente. Los camaristas esperaban que el gobierno les quitara el control de los padrones a los jueces electorales para dárselo a ellos. Pero la solución final de la ley no los satisfizo. La Cámara pasó a tener una relativa autoridad sobre los padrones pero el nuevo registro informatizado de electores quedó en manos del Ministerio del Interior a través del RENAPER (Registro Nacional de las Personas). El nuevo esquema ya muestra la punta del iceberg. Se habría ya completado la informatización de los datos de 500.000 votantes de la Provincia de Buenos Aires. Pero cuando la información fue remitida a la Cámara, sus miembros descubrieron que el gobierno no remitió la documentación respaldatoria de los datos. En otras palabras, que Florencio Randazzo esperaría que los camaristas den fe de la veracidad de un padrón que no puede ser controlado. En este punto, los miembros de la Cámara estarían sospechando que el gobierno los está colocando en un papel muy desagradable en el año electoral. Incómodos, ahora hasta estarían pensando en rebelarse.