VOCACIÓN DE CHORRO

EL CAMIONERO VA POR MÁS
Moyano, tras los pasos de Schoklender

El líder camionero quiere desembarcar en la construcción de viviendas "sociales" y para ello pedirá al Gobierno, en caso de que gane Cristina Fernández en los próximos comicios, más de mil millones de pesos, la misma cantidad que presupuestó 'Sueños Compartidos', proyecto de Madres de Plaza de Mayo que administró Sergio Schoklender.

El líder de la CGT, Hugo Moyano, quiere desembarcar en la construcción de viviendas "sociales". Así lo manifestó en Esquel, el último viernes, cuando adelantó que pedirá fondos públicos para levantar las casas que usan los afiliados al gremio.

De ganar Cristina Fernández en las elecciones presidenciales de octubre, Moyano reclamará más de mil millones de pesos, la misma cantidad que presupuestó 'Sueños Compartidos', proyecto de Madres de Plaza de Mayo que administró su ex apoderado Sergio Schoklender.

"Hablamos con el intendente sobre la posibilidad de hacer un plan de viviendas", señaló el líder camionero en la ciudad chubutense, según reproduce este martes (05/07) Ambito Financiero.

Y, por otra parte, lanzó: "Cuando exista un presidente que provenga de los trabajadores se acabará el hambre en la Argentina".

La posibilidad de encarar un proyecto de estas características figura hace tiempo entre las intenciones de Moyano. Hace dos años, cuando el Gobierno pensó en el lanzamiento de créditos hipótecarios subsidiados para formentar el acceso a la vivienda, el líder sindical ya estaba interesado, y en marzo pasado buscó impulsar un plan de crédito para los afiliados.

"Nosotros podemos administrar mucho mejor de como lo hicieron con Schoklender", dijo una fuente del moyanismo a Ambito. "Les dieron a Sueños Compartidos $765 millones y hay otros $500 en carpeta, para que hagan 4.000 viviendas. Nosotros podríamos haberlas hecho con menos fondos, donde realmente se necesitaban e involucrando al PJ", completó.

Para ahuyentar cualquier tipo de especulación, Moyano baraja la posibilidad de una fiscalización abierta y externa de los gastos para transparentar toda la obra.

Es que Moyano volvió a la carga con este proyecto luego del escándalo Schoklender/Bonafini, que ahora está en manos de la Justicia.

Cabe recordar que la causa por el escándalo Schoklender/Bonafini, escándalo que salpica al Gobierno nacional (y que perjudica a Cristina Fernández en las encuestas, de ahí el intento desesperado del kirchnerismo por despegarse del caso), está en manos del juez federal Norberto Oyarbide, que ya ha realizado allanamientos en oficinas de la Fundación y en el country "El Patacón", donde comprobó que los chalés de los hermanos Schoklender y sus allegados "están construidos con materiales que se emplean para construir las casas de la fundación".

Oyarbide investiga a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender por supuesto desvío de fondos públicos y lavado de dinero en la Fundación de Madres de Plaza de Mayo.

La denuncia había sido realizado por la diputada Elsa Quiroz (Coalición Cívica) hace un año atrás, sin tener respuestas de la Unidad de Información Financiera (UIF) que lidera José Sbatella. De hecho, el titular del organismo también fue denunciado ante la Justicia por 'cajonear' la investigación.

# Las causas de Moyano

Por otra parte, el mismo Moyano también enfrenta varias causas judiciales. El líder de la CGT está siendo investigado en el marco de la causa por la mafia de los medicamentos.

Oyarbide allanó la Obra Social de Camioneros y pese a que la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña presentó documentación que lo deja muy comprometido en el caso, el sindicalista aún no fue no citado a declarar.

El principal proveedor de la obra social que controla el hijo mayor de Hugo, Pablo Moyano, ya fue procesado por Oyarbide y el cerco judicial se cierra sobre el mandamás de la CGT conforme avanzan las pesquisas (ver notas relacionadas).

Otro expediente que tiene en la mira al camionero es por estafa contra el Estado, pero por los reintegros de los Programas Especiales. En esa causa, a cargo del juez federal Claudio Bonadio, también se investiga a la esposa del poderoso gremialista, la empresaria Liliana Zulet.

Moyano firmó los expedientes que la Obra Social de Choferes de Camiones (Oschoca) presentó a la Administración de Programas Especiales (APE) para cobrar reintegros del Estado.

También está involucrado en una causa en la que se investigan los crímenes cometidos por la banda de ultraderecha Triple A. Es que un querellante pidió que se cite a declarar a Hugo Moyano por su presunta vinculación con la banda Concentración Nacionalista Universitaria (CNU), que actuó a principios de los años 70 y cuyos miembros se unieron luego a la Triple A.

Por otra parte, el juez Ariel Lijo investiga una cuenta de casi dos millones de dólares a nombre de Covelia -encargada de la recolección de basura en varios puntos del país-, y pretende establecer y de dónde provinieron los fondos. En esta causa son investigados el líder de la CGT, Hugo Moyano; su hijo Pablo, por el patrimonio familiar, empresarios y compañías supuestamente vinculadas a ambos.

Se trata de una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans por posible lavado de dinero en el depósito de casi dos millones de dólares en el exterior que hizo Depresbiteris y que llamó la atención de la justicia suiza. En ese contexto y a partir de las medidas preliminares requeridas por el fiscal Carlos Rívolo, Lijo está buscando en todos los fueros si hay investigaciones contra los denunciados.

En relación con esta causa, ayer el diputado Ricardo Gil Lavedra pidió explicaciones al Gobierno acerca de la omisión de datos de la Justicia suiza en las causas que involucran al titular de la CGT, a su hijo y familiares (ver nota relacionada).

El jefe de la bancada radical recordó que “en marzo de 2011 arribó a la Argentina un exhorto de la Justicia suiza solicitando información sobre las causas judiciales de Hugo Moyano, su hijo, Pablo Moyano y otros familiares". Dicho exhorto quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº5, a cargo del Dr. Norberto Oyarbide.

En ese marco, Gil Lavedra requirió al Poder Ejecutivo que informe al Congreso “cuáles fueron los criterios utilizados para asignar el carácter de “insuficiente” a la información brindada por la Justicia suiza y de interés para el trámite de la causa judicial Nº2779/11 a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº5”, y brinde explicaciones acerca de “la normativa aplicable y que se utilizó para decidir que la información era incompleta”.

Gil Lavedra reclamó respuestas sobre “cuál fue el procedimiento y los funcionarios responsables en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en adoptar las decisiones respecto a este tema”.

“En este contexto, el ocultamiento de importante información judicial por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Justicia es un hecho institucional gravísimo”, remarcó Gil Lavedra, quien sostuvo que “por ello es necesario que los funcionarios responsables del Ministerio aporten las explicaciones necesarias para poner luz sobre un hecho que está envuelto en las sombras”.