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Por Elena Valero Narváez

La terrible noticia del asesinato de Candela, nos plantea, una vez más, el tema de la inseguridad que tanto nos afecta.

No alcanza para combatirla las lágrimas del gobernador de la provincia de Buenos Aires ni que la Presidente reciba a la madre de la víctima.

Hay que decirlo con todas las letras: los principales culpables de éste y otros crueles asesinatos son los que llegaron al poder con el voto de la mayoría.

Hay que dejar de lado las ideologías. La decisión de afrontar este problema tiene que surgir de quienes nos gobiernan. Es la única alternativa salvo que se quiera volver al “diente por diente” o a la antigua justicia popular.

No es cuestión de combatirla con discursos populistas que responsabilizan a la pobreza de los robos y asesinatos. Necesitamos del imperio de la ley.

El Estado es el que posee el monopolio de la fuerza por lo tanto los que están a cargo del gobierno deben considerar esta responsabilidad indelegable.

La lucha de ideas no parece ser grata en nuestro país. Gran parte de los políticos piensan en ser candidatos exitosos pero no discuten ni proponen programas que puedan ser puestos en práctica rápida, y eficazmente, para morigerar la ola de violencia y crimen que nos tiene a mal traer.

¿Dónde están las cárceles para que los criminales cumplan condenas ?. Dónde los legisladores que propongan o deroguen normas relacionadas con los problemas que preocupan a la sociedad y dónde jueces que sean firmes cuando se infringen las leyes?

¿Por qué los delincuentes mas temidos cumplen condenas breves alentando así, la conducta criminal? ¿Hasta que punto es inimputable un menor de edad?¿Cómo se combate el narcotráfico y la drogadicción que agrava la peligrosidad e incentiva a quebrantar la ley? ¿Se debe ser más estricto o hay que liberar el consumo de drogas?

¿Qué sucede con los policías? ¿Se premia a los que combaten la delincuencia y se castiga a los que no responden a su obligación de cuidar a la comunidad para incentivar y mejorar esa fuerza fundamental en la lucha contra el delito? ¿Obtienen un salario y seguro de vida acorde al servicio que prestan? ¿Se tiene en cuenta el daño físico y psicológico que implica cumplir con sus funciones? ¿Debe seguir pagando la sociedad guardias que protejan al vecindario? ¿Dónde va el dinero que nos cobra el Estado en calidad de impuestos?

¿Quién o quienes debaten temas fundamentales para la resolución de las dificultades que acarrea la inseguridad?

Hay demasiadas preguntas y pocas respuestas.

Lamentablemente no se avizora en el ambiente político ni en el gobierno actual nadie decidido a luchar contra el crimen. No hay decisión política ni conocimiento para combatirlo.

No se apoya a quienes entienden sobre el tema ni existe preocupación por resolver el problema.

La inseguridad es una de las principales trabas para un futuro mejor porque no es posible pensar en él si nos sentimos inseguros, a merced de ladrones y asesinos. ´

La Justicia no es perfecta, ni las normas ni los jueces lo son pero, una sociedad compleja requiere del mantenimiento del orden social. Las inquietudes de la diversidad de instituciones, grupos, y personas que la integran, necesitan ser escuchados por el poder político. Éste debe tratar de evitar las arbitrariedades de las fuerzas de seguridad tanto como de despreciarlas, debilitarlas y quitarles el prestigio que merecen. Su ellas la vida social sería imposible.

La carencia de liderazgo político admite el aumento de crímenes terribles como el reciente que terminó con la vida de Candela.