Un “Estado de Derecho” es aquel en el que un marco jurídico idéntico para todos constituye el principio regulador de las relaciones sociales.
De allí que digamos que el Estado de Derecho se asienta sobre el principio del “imperio de la ley”, el cual supone que para que la vida social pueda desarrollarse armónicamente, la ley debe imperar sobre cualquier tipo de poder o interés.
Va de suyo que no toda reglamentación o mandato es ley, pero eso forma parte de otra discusión que evitaremos en esta oportunidad.Ilustremos la antedicha definición con un ejemplo muy simple y elemental: dos señores robando cada uno un chocolate de una tienda.
Uno es un ciudadano “de a pie”, y el otro es un funcionario gubernamental de alto rango. Allí donde ambos pagan de idéntica manera las consecuencias de su mala conducta, podemos decir que existe un verdadero Estado de Derecho.
Contrariamente, allí donde el primero recibe su castigo, pero el segundo logra eludir su responsabilidad gracias a la posición que ocupa en el poder público, algo está fallando.El ejemplo propuesto puede ser simplón, pero anima a formularse la siguiente pregunta: ¿En cuál de ambas situaciones ubicamos a la Argentina de hoy?
En los últimos días, los pormenores de la tragedia de Once con sus 51 muertos y 600 heridos se han encontrado en boca de todos. Ahora sabemos, sólo gracias al fatal incidente, que parte del dinero de subsidios que recibía la empresa de ferrocarriles (cerca de 5000 millones de dólares fueron dedicados en 2011 al transporte público) habría regresado en forma de coimas a funcionarios estatales de alta jerarquía.
Pero la experiencia indica que el tiempo pasará rápidamente, y todo quedará perdido en el olvido de un pueblo resignado a que la corrupción no se castigue como se debe, tal y como ha ocurrido con todos y cada uno de los casos que comprometieron al kirchnerismo desde sus comienzos hasta la fecha.
Los desaparecidos “fondos de Santa Cruz” (regalías obtenidas por Néstor por la privatización de YPF en los ’90, colocadas en cuentas bancarias fuera del país); el caso de coimas en la empresa Skanska para ganar la licitación de obras públicas; la bolsa con 100 mil pesos del Banco Central hallada en el baño de la entonces ministra de Economía Felisa Miceli; los aportes financieros a la campaña de Cristina de la famosa valija de Antonini Wilson que entraba al país con 800 mil dólares sin declarar; los 2 millones de dólares que compró Néstor utilizando información reservada que preveía un aumento en la cotización de la divisa norteramericana; nepotismo en órganos públicos como el INADI; el tráfico de cocaína a través de Southern Winds que comprometió a altos funcionarios; el caso de la aerolínea española AirPampas, cuyo dueño denunció que allegados a Jaime le exigieron 6 millones de dólares en coimas a cambio de la autorización para operar en el país; el denominado “caso Shoklender” y el presunto fraude de la construcción de viviendas populares; el incremento vertiginoso del patrimonio de funcionarios y empresarios amigos del poder, como Julio De Vido, Rudy Ulloa, Lázaro Báez, Claudio Uberti, Cristobal López y Ricardo Jaime, todos denunciados por fraude a la Administración Pública, abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario y negociaciones incompatibles con sus cargos, son sólo algunos ejemplos entre tantos otros que en su momento escandalizaron al país, pero que rápidamente ingresaron en la profundidad del olvido y la indiferencia.
No falta mucho para que el caso de Once pase a engrosar esta vergonzosa lista de impunidad.
En efecto, en nuestro país lo que impera no es la ley, sino el poder que deriva de la pertenencia o proximidad a lo alto del oficialismo. En otras palabras, en la era del Kirchnerismo lo que impera no es el Estado de Derecho, sino un putrefacto Estado de Desecho.(*) Agustín Laje tiene 23 años, y es autor de “Los mitos setentistas. Mentiras fundamentales sobre la década del 70″.
www.agustinlaje.com.ar | @agustinlaje
De allí que digamos que el Estado de Derecho se asienta sobre el principio del “imperio de la ley”, el cual supone que para que la vida social pueda desarrollarse armónicamente, la ley debe imperar sobre cualquier tipo de poder o interés.
Va de suyo que no toda reglamentación o mandato es ley, pero eso forma parte de otra discusión que evitaremos en esta oportunidad.Ilustremos la antedicha definición con un ejemplo muy simple y elemental: dos señores robando cada uno un chocolate de una tienda.
Uno es un ciudadano “de a pie”, y el otro es un funcionario gubernamental de alto rango. Allí donde ambos pagan de idéntica manera las consecuencias de su mala conducta, podemos decir que existe un verdadero Estado de Derecho.
Contrariamente, allí donde el primero recibe su castigo, pero el segundo logra eludir su responsabilidad gracias a la posición que ocupa en el poder público, algo está fallando.El ejemplo propuesto puede ser simplón, pero anima a formularse la siguiente pregunta: ¿En cuál de ambas situaciones ubicamos a la Argentina de hoy?
En los últimos días, los pormenores de la tragedia de Once con sus 51 muertos y 600 heridos se han encontrado en boca de todos. Ahora sabemos, sólo gracias al fatal incidente, que parte del dinero de subsidios que recibía la empresa de ferrocarriles (cerca de 5000 millones de dólares fueron dedicados en 2011 al transporte público) habría regresado en forma de coimas a funcionarios estatales de alta jerarquía.
Pero la experiencia indica que el tiempo pasará rápidamente, y todo quedará perdido en el olvido de un pueblo resignado a que la corrupción no se castigue como se debe, tal y como ha ocurrido con todos y cada uno de los casos que comprometieron al kirchnerismo desde sus comienzos hasta la fecha.
Los desaparecidos “fondos de Santa Cruz” (regalías obtenidas por Néstor por la privatización de YPF en los ’90, colocadas en cuentas bancarias fuera del país); el caso de coimas en la empresa Skanska para ganar la licitación de obras públicas; la bolsa con 100 mil pesos del Banco Central hallada en el baño de la entonces ministra de Economía Felisa Miceli; los aportes financieros a la campaña de Cristina de la famosa valija de Antonini Wilson que entraba al país con 800 mil dólares sin declarar; los 2 millones de dólares que compró Néstor utilizando información reservada que preveía un aumento en la cotización de la divisa norteramericana; nepotismo en órganos públicos como el INADI; el tráfico de cocaína a través de Southern Winds que comprometió a altos funcionarios; el caso de la aerolínea española AirPampas, cuyo dueño denunció que allegados a Jaime le exigieron 6 millones de dólares en coimas a cambio de la autorización para operar en el país; el denominado “caso Shoklender” y el presunto fraude de la construcción de viviendas populares; el incremento vertiginoso del patrimonio de funcionarios y empresarios amigos del poder, como Julio De Vido, Rudy Ulloa, Lázaro Báez, Claudio Uberti, Cristobal López y Ricardo Jaime, todos denunciados por fraude a la Administración Pública, abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario y negociaciones incompatibles con sus cargos, son sólo algunos ejemplos entre tantos otros que en su momento escandalizaron al país, pero que rápidamente ingresaron en la profundidad del olvido y la indiferencia.
No falta mucho para que el caso de Once pase a engrosar esta vergonzosa lista de impunidad.
En efecto, en nuestro país lo que impera no es la ley, sino el poder que deriva de la pertenencia o proximidad a lo alto del oficialismo. En otras palabras, en la era del Kirchnerismo lo que impera no es el Estado de Derecho, sino un putrefacto Estado de Desecho.(*) Agustín Laje tiene 23 años, y es autor de “Los mitos setentistas. Mentiras fundamentales sobre la década del 70″.
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