Córdona Heróica repudia las palabras de odio hacia los ciudadanos Argentinos. Y solicita a las autoridades tomen medidas para evitar las discriminaciones xenofogas de politicos hacia los ciudadanos.

Desde Cordoba Heroica le decimos ¡Basta! a las discriminaciones xenofogas de politicos argentinos para con sus ciudadanos. Exigimos de las autoridades se dicten leyes condenando palabras y calificativos tales como: "Odio", "Golpista", "Gorila", "Oligarca", "vende patria", "cipayo", "nazi", "fascista", "Buitre", "Destituyente".


EXIGIMOS JUSTICIA POR: Las víctimas mortales de la tragedia del tren de Once: Juan Carlos Alonso; Karina Mariela Altamirano; Jonathan Maximiliano Báez; Dionisia Barros; Claudio F. Belforte; Natalia Benitez; Federico Agustín Bustamante; Micaela Cabrera Machicao; Darío Cellie; Daniel R. Matías Cerricchio; Juan Daniel Cruz; Graciela Beatriz Díaz; Sabrina Florencia Espíndola; Lucía Fernández Chaparro; Florencia Fernández Sugastti; Juan Leonel Frumento; Yolanda Sabrina Galván; Carlos María Garbuio; Alberto David García; Mónica Garzón; Marcela Alejandra Gómez; Ranulfo González Centurión; Verónica González Franco; Claudia Mariel Izzia; Fernando Andrés Lagrotta; Estela Legia (o Lei Jiang Yan); Nayda Tatiana Lezamo; Isabel López; Nancy López; Roberto López Pacheco; Alex Nahuel Martínez; Lucas Menghini Rey; Marina Moreno; Miguel Angel Núñez Vilcapona; Lucas Gabriel Palud Quini; Sofía Peralta; Silvia Gabriela Pereyra; Gloria Cecilia Pinilla León; Tatiana Pontiroli; Esther Sandra Reyes; Braulio Romero; Graciela Romero; María Scidone; Rosa Margarita Tevez; Sonia Torres Rolón; Gloria Alejandra Troncoso; Nicolás Elías Villalba; Pablo Fernando Zanotti; Cristian Zavala; Ana Teresa Zelaya; Ariel Zúñiga. VÍCTIMAS DE UN ESTADO IRRESPONSABLE - ¡JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLÍTICOS Y EMPRESARIALES!

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viernes, 6 de abril de 2012

BANCO CENTRAL

The Wall Street Journal, decisivo para la comunidad de negocios global: “El Estado Frankensteiniano de Argentina arrasó con el banco central el mes pasado, destruyendo sus últimos vestigios de independencia. Dada la historia hiperinflacionaria de la nación, cabe preguntarse por qué los argentinos han permitido que esto pasara”. Por Mary O'Grady NEW YORK (WSJ). La patología de la sed de poder de un gobierno no es difícil de discernir. El Estado crea las condiciones para una crisis. La crisis golpea. Los políticos asumen poderes extraordinarios. La crisis pasa. En la memoria de la gente queda la percepción de que sólo el ingenio del gobierno impidió la aniquilación completa. Los políticos tienen permiso para expandir su poder. Los estadounidenses tienen un ejemplo en tiempo real de este fenómeno en el hundimiento de las hipotecas subprime, o de alto riesgo, provocado por las políticas federales del sector inmobiliario. Ahora nos cuentan que la intervención del Estado salvó la civilización. La semana pasada, el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, pronunció un discurso a los estudiantes de la Universidad George Washington sobre el arbitrario rescate de Bear Stearns y los acreedores de AIG en 2008 que, en su opinión, detuvo lo que de otra manera “básicamente habría significado el final”. Para quién no está aún totalmente claro. Habiendo alterado el curso del destino, Bernanke se abocó a una expansión sin precedentes del balance de la Fed con el objetivo de salvar a otros en situación de emergencia. Y la semana pasada, dijo en una conferencia de la Asociación Nacional de Economía y Negocios de Estados Unidos que le preocupa que la reducción en la tasa de desempleo sea insostenible. Además, se comprometió a continuar con sus políticas de crédito fácil, algo que no debe tener muy contentos a los ahorradores. Los peligros de utilizar políticas monetarias flexibles para empujar una cuerda (en el sentido keynesiano) están bien documentados. Pero cuando el gobierno está tratando de compensar por errores previos, raramente recurre a la moderación. Si llevamos la banca central sin límites al extremo, nos topamos con Argentina. En 2002 pasó por una crisis épica y el gobierno intervino fuertemente en la economía, lo que incluyó una megadevaluación del peso. Bajo las presidencias de los Kirchner, primero Néstor y ahora su esposa Cristina, desde 2003, el Estado ha confiscado cuentas bancarias y de pensiones, ha hiperregulado las empresas hasta el extremo de ahuyentar a numerosos empresarios, ha derogado contratos e impuesto controles de precios, y ha subido los aranceles de importación así como los impuestos de exportación. El gobierno también ha usado a los subsidiados sectores de los servicios públicos y el transporte para consolidarse en el poder. Los defensores de esta amplia intervención en la economía sostienen que se justifica porque una contracción de 10,9% en 2002 exigió medidas extremas. La economía, sin embargo, se ha estado expandiendo desde 2003. Un país que se tomara en serio su propósito de crear riqueza en el siglo XXI restauraría la liberalización económica. En su lugar, Argentina sigue reduciendo la libertad y expandiendo el alcance del Estado. El indicio más reciente es lo que parece un intento por nacionalizar los activos argentinos de la petrolera española Repsol, al conseguir que los gobernadores que simpatizan con la presidenta cancelaran concesiones provisionales clave en las últimas semanas, dificultando la operación de la compañía en el país.

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