OTRO RELATO

http://www.rionegro.com.ar/diario/opinion/editorial.aspx?idcat=9542&tipo=8 Editorial Otro relato Desde el punto de vista de los convencidos de que le convendría al país abrirse mucho más a las inversiones extranjeras para sacar provecho de las oportunidades planteadas por la globalización, el acuerdo que acaba de anunciarse entre YPF y la petrolera estadounidense Chevron podría considerarse muy positivo. Desde aquel de los defensores de lo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner califica de "soberanía hidrocarburífera", en cambio, se trata de una derrota vergonzosa, de una forma de confesar que la renacionalización de una empresa tan emblemática como YPF fue a lo sumo un gesto patriotero que no sirvió para nada. Es verdad que la necesidad suele tener cara de hereje pero cuando, en nombre del nacionalismo petrolero, el gobierno kirchnerista se apropió del grueso de las acciones de Repsol en YPF, a nadie se le ocurrió que, apenas un año más tarde, los españoles se verían reemplazados por norteamericanos, o que éstos lograrían ventajas muy superiores a las disfrutadas en su momento por quienes se vieron expulsados de sus oficinas de manera tan robusta que algunos ejecutivos huyeron a Uruguay. De haber firmado el gobierno del presidente Carlos Menem un convenio de este tipo con una empresa "imperialista", los kirchneristas aún estarían denunciándolo con su furia habitual, pero parecería que en la actualidad tales arreglos les parecen más que aceptables. La toma de las acciones de YPF por el gobierno de Cristina la ayudó a mejorar levemente su nivel de popularidad, pero los costos del golpe de efecto así asestado han sido muy elevados. Al brindar la impresión de que el gobierno kirchnerista había optado por una versión de la política económica chavista, los inversores en potencia, tanto los extranjeros como los locales, se asustaron, sometiendo al país a un virtual boicot. Para más señas, pronto se hizo evidente que, sin socios extranjeros, YPF sería incapaz de contribuir a atenuar la gravísima crisis energética que está detrás de buena parte de los problemas financieros del país, ya que los costos de importar energía han aumentado tanto que, tal y como están las cosas, corre peligro el superávit comercial, uno de los "pilares" del supuestamente exitoso modelo kirchnerista. Ahora, el gobierno espera que, con la ayuda de Chevron –ex Standard Oil–, resulte posible aprovechar las grandes reservas de gas shale y petróleo que se encuentran en el yacimiento neuquino de Vaca Muerta, pero para que ello ocurra se necesitarán inversiones muy superiores a las prometidas por los norteamericanos que, según se informan, alcanzarían los 500 millones de dólares, si bien los voceros oficiales hablan de un monto que es casi tres veces mayor. Por lo demás, aun cuando, para sorpresa de muchos, Chevron consiguiera poner en marcha la demorada explotación de los yacimientos que, en opinión de los especialistas, están entre los más atractivos del mundo entero, los beneficios no se harían sentir a tiempo para ahorrarnos los problemas provocados por la disparatada "estrategia" energética kirchnerista que, como es notorio, nos ha hecho más dependientes que antes de importaciones que se pagan a precios fijados por los mercados internacionales. Los contrarios al pacto con Chevron incluyen no sólo a nacionalistas que, como es natural, se afirman desconcertados ya que es totalmente incompatible con la retórica empleada para justificar la ruptura con Repsol, sino también a quienes en términos generales están a favor de las inversiones extranjeras pero entienden que, para atraerlas, el gobierno tendría que garantizar cierta seguridad jurídica, o sea, que haya reglas de juego claras. A juicio de quienes se preocupan por tales detalles, el decreto presidencial que acaba de difundirse es inconstitucional porque debería contar con la autorización previa del Congreso. Asimismo, además de desconocer los derechos sobre los recursos naturales de las provincias, contiene muchos puntos oscuros, como los relacionados con las retenciones y el hecho que, de surgir problemas, tengan la última palabra juristas de Nueva York como los que entienden en la disputa entre el gobierno de Cristina y los "fondos buitre". Puede que a la larga el convenio con Chevron resulte ventajoso para el país, pero a diferencia de lo que sucedió con la apropiación de las acciones de Repsol, no le reportará a Cristina beneficios políticos.