VACA MUERTA

AUDIENCIA PÚBLICA AL ROJO De Alieto a Quintana (y Dujovne): Tarifazo para subsidiar inversiones en Vaca Muerta El gobierno corre contra el reloj de la demorada audiencia pública para instalar en la gente que el eje de las facturas de gas bloqueadas judicialmente es ahorrar consumo e importaciones y reducir los subsidios fiscales que provocan inflación. Le teme a que se cuele en la agenda el cuestionamiento por la segmentación de las tarifas y el acuerdo con Chevron, dos de las eventuales claves del gran negocio futuro subyacente del tarifazo, que es la inversión en Vaca Muerta. Luego del subsidio fiscal distribuido todos estos años a través de rentas generales y emisión, la tarifa stand by carga las tres cuartas partes de esa transferencia en las espaldas de los 8 millones de usuarios de la red, de los que sucesivamente se encuadró 1,5 millón en la tarifa social. Así, las petroleras embolsan un subsidio (antes proveniente del Estado y ahora de los particulares, valga diferencia) que un prestigioso economista especializado en energía, como Alieto Guadagni, calcula en US$ 5.000 millones para seis empresas, mientras desde la izquierda, Claudio Lozano, ex diputado por Unión Popular, pondera en US$ 4.000 millones, de los que identifica US$ 3.000 millones entreverados en la factura. La reciente entrevista que el economista Nicolás Dujovne le hizo al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, en el programa Odisea (en ausencia del conductor, el periodista Carlos Pagni) por la señal del grupo Clarín, TN, se pareció mucho a cuando algún funcionario en la era K visitaba "6 7 8" y se explayaba cómodamente: cuando tocaron el tema de la s tarifas tanto eléctricas como de gas, hablaron de que, aun después del 400% de tope fijado por el gobierno, en Chile eran el doble y el triple, respectivamente, de altas. Una menuda diferencia fue omitida: que Chile importa el 100% de la energía, mientras nosotros, a lo sumo, cubrimos el 30% con compras externas. Si el ex secretario de Energía, Alieto Guadagni, a quien nadie se atrevería a situar “del otro lado de la grieta” ni de éste del lobby petrolero local, hubiera estado presente en la coloquial charla seguramente les hubiera recordado otro detalle no menor: que en Argentina se subsidia por US$ 5.000 millones a 6 petroleras. Una lástima que Dujovne no beba más jugo de zanahoria (dicen que el beta-caroteno ayuda a la memoria, no sólo a la visión). --------------- #Odisea Mario Quintana: "Estamos pagando menos de la mitad de lo que pagan el gas en países vecinos" pic.twitter.com/bW0fmFAg6y — Santa Fe-Radio (@SantaFeRadio1) 26 de julio de 2016 --------------- E inclusive, si se hubiese apelado a los balances presentados por YPF S.A. (que extrae del subsuelo más del 30% del gas natural) ante la Security and Exchange Commission (SEC) de Nueva York, quedaría al descubierto que el costo de producción promedio por millón de BTU en todas las cuencas productivas fue de US$ 1,9, el cual, frente a los US$ 5 por millón de BTU promedio para las empresas que comenzó a regir desde el 01/04; representaría una ganancia de más de 150% sobre los costos reales de producción oficialmente reconocidos por la estatal. Esta contundente comparación, que está a disposición de cualquiera, consta en un trabajo de investigación titulado “Gobierno de Macri, Gas Natural y Aumento de Tarifas”, realizado por el ex diputado Claudio Lozano y Gustavo Lahoud y difundido por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Fundamentalmente, contradice la estrategia del gobierno de justificar tamaños incrementos en las tarifas de los servicios públicos en que nadie había pagado la fiesta de los subsidios, omitiendo la presión impositiva que los venía solventando (e inclusive pese al déficit fiscal creciente) desde que la política energética de los '90 fraccionó en 8 la distribución privada a usuarios e industrias y que nada se hizo en la década K pasada para revertir. El eje tributario esgrimido por Quintana en Odisea para argumentar que aún después del tarifazo la energía seguiría estando tantas veces más barata acá que en Chile omitió que, en el país trasandino, la presión tributaria es del 20% del PIB; y en Colombia México y EE.UU. del 26%, en tanto que en la Argentina, tomando los impuestos provinciales y municipales, llega al 40%. Y que el gasoil cuesta en Chile la mitad que de este lado de la cordillera: la diferencia en contra en las naftas promedio es del 50% (US$ 0,80 contra US$ 1,20). Se ahonda respecto de EE.UU., donde está en US$ 0,60. Lo que no se trató en un programa televisivo difícilmente forme parte del debate en la audiencia pública aún pendiente de ser convocada por el gobierno, a pesar de que es requisito legal previo a la aplicación de la nueva estructura tarifaria del gas anunciada en abril, y bloqueada en sede tribunalicia. El trabajo de Lozano fundamenta, por ejemplo, la denuncia de que “el tarifazo le traslada a la comunidad y a los sectores productivos la renta extraordinaria que se les reconoce a los productores de petróleo y gas”, la que “anteriormente se les sostenía con el subsidio estatal amortiguando el impacto sobre los consumidores y que, frente a la decisión de reducirlos, le traslada a estos la responsabilidad de sostener una renta extraordinaria que además nunca tuvo como correlato el desarrollo de estrategias de inversión”. Muy probablemente le traerá serios dolores de cabeza al gobierno si durante la audiencia le desplazan el foco a señalar que el tarifazo entraña una especie de “blanqueo” para las petroleras, que antes estuvieron laxamente controladas, aunque ahora, como comprometió el ministro de Energía, Juan José Aranguren, deberán justificar que el excedente de los recursos que obtengan con el aporte de los usuarios sea efectivamente destinado a las inversiones que se necesitan para llegar al autoabastecimiento energético. La vaca sagrada La gran apuesta del gobierno es a que esta vez se decidan a invertir en Vaca Muerta, donde el presidente del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), Ernesto López Anadón, estimó que se requiere un capital entre US$ 15.000 millones y US$ 20.000 millones para explotarlo. Ya les había cumplido modificando en forma favorable el ingreso de capitales del exterior, les levantaron las restricciones para girar dividendos a las casas matrices y eliminaron el tipo de cambio desdoblado; faltaban las tarifas y en eso están. Así les redondearía las exigencias que se anteponen a cualquier inversión, como seguridad jurídica, costos energéticos y laborales, presión tributaria y costo financiero. De ahí que se diga que si hay algo que Macri elude hoy a someter a debate público es el contrato con Chevron suscripto en secreto durante la administración de Cristina Kirchner, y que la Justicia obligó a abrir (en aras de la seguridad jurídica), y la segmentación de las facturas que emitió Metrogás, que desde hace 3 años controla YPF tras haber adquirido la mayoría accionaria a BP/BG). Precisamente, desde que se desplomó el barril del crudo, la petrolera estatal revirtió hacia el gas shale el perfil de sus inversiones en el megayacimiento no convencional, que antes privilegiaban el oil shale. En tal sentido, Lozano vincula el escándalo del tarifazo conque las petroleras están recibiendo un precio para el barril que supera los US$ 70, cuando el mundo paga US$ 45 y cuando el costo del barril de petróleo en nuestro país no supera los US$ 14. Tampoco considera independiente del tarifazo el hecho de que el millón de BTu supere los US$ 7 cuando el precio de referencia en el mercado norteamericano se ubica en torno de los US$ 2,8 por millón de BTU y el costo de producción local asciende a US$ 1,9. Desbarata el planteo que “explica la crisis energética por el consumo irresponsable de energía, resultado de las tarifas bajas y la falta de inversión por la ausencia de rentabilidad”. Es lo que básicamente repite como argumento, por ignorancia o intereses, buena parte de los formadores de opinión, guionados por el lobby oficial o el petrolero. El ex diputado por Unidad Popular lo pone en otros términos: “los subsidios engordaban vía déficit fiscal las ganancias empresarias preservando los efectos sobre los consumidores. Pero los subsidios los recibían las empresas y no los transformaban en inversión frente a la pasividad cómplice de los organismos reguladores. Hoy el objetivo es que la renta salga de los consumidores pero sigue sin discutirse el tema de la falta de inversión en el sector energético." Recuerda que la Resolución N° 28/2016 dispuso nuevos precios de referencia del gas natural para cada una de las cuencas productoras, que en promedio fueron aumentados entre el 250% y el 330%, según el origen geográfico del gas y en función de los distintos tipos de usuarios, que comprenden al conjunto de los residenciales (entre las categorías R1 y R34) y las industrias y comercios pequeñas y medianas que operan bajo el régimen de suministro por distribuidora (SGP 1, 2 y 3). Y ahí entra en el meollo de la factura. Al no trasladarse en forma automática a transporte y distribución, el nuevo piso tarifario desde la extracción y procesamiento de gas natural, medido a través de la unidad térmica de millón de btu, que es el parámetro estandarizado, en dólares, implica que la remuneración que se les reconoce a las empresas productoras para los segmentos de transporte y distribución (en los llamados “puntos de ingreso al sistema de transporte” -PIST-) representa entre el 20% y el 35% del valor que consta en la factura, lo cual explica entre el 65% y el 80% del monto total de la facturación emitida en total a los distintos usuarios. Hasta el presente, indica Lozano, la remuneración promedio que los productores de gas natural recibían en el mercado nacional se ubicaba en torno de los US$ 2,6 por millón de BTU, que en marzo de 2014 fuera prorrateado en metros cúbicos expresados en pesos entre los usuarios residenciales, comerciales, industriales, las generadoras térmicas y las estaciones de gas natural comprimido. En 2013, además, se había establecido un plan de estímulo a la producción adicional de gas natural- conocido como Plan Gas- cuyo objeto era incentivar la mayor extracción de fluido a través de un mejoramiento sensible de los precios que las empresas recibirían por ese “gas nuevo”. Ese programa, advierte, elevó sustancialmente los niveles de remuneraciones, a tal punto que, en la cuenca neuquina (de donde proviene el 45% del gas natural que se consume en el país), la producción excedente de gas natural se llegó a pagar hasta 3 veces más que los valores vigentes en el conjunto del mercado. A partir de estos nuevos precios, el rango de variabilidad de precios del gas por millón de BTU significaron entre el 200% y el 300% respecto de los anteriores valores de referencia. En dólares, la recomposición del precio del gas en boca de pozo recibió un aumento del 73%. De la facturación a los usuarios R34- la categoría de los que más consumen-, surgen nuevas referencias de precios se ubican por encima de los valores de paridad de importación de comienzos de 2016, estimados en los US$ 5 a US$ 5.5 por millón de BTU, contra el costo de no más de US$ 3 por millón de btu que salía traer el gas natural importado por gasoductos desde Bolivia. El que ingresó a través de los buques regasificadores en las terminales de Bahía Blanca y Escobar también ha reducido sensiblemente sus precios finales durante 2015 como consecuencia de la caída en el mundo generalizada en los hidrocarburos. Transferencia del subsidio Los cálculos preliminares al tarifazo que habían esbozados las autoridades del Ministerio de Energía y Minería sostenían que este nuevo esquema de precios redundaría en un ahorro- que Lozano llama transferencia- del orden de los US$ 4.000 millones- alrededor de $60.000 millones al tipo de cambio de $ 15 por dólar-, lo cual representa 66% del total de subsidios y transferencias que el Estado había realizado en 2015 al conjunto del sector gasífero ($ 90.000 millones). Los topes tarifarios anunciados por el gobierno ante el bloqueo judicial tendrán un costo fiscal de $ 12.000 millones, o sea, algo más del 10% del monto total en transferencias y subsidios que el Estado nacional le ha garantizado en 2015 a todo el sector. Si bien entre enero y mayo hubo una reducción del 26% en el impacto fiscal de los subsidios energéticos, los niveles de ejecución permitirían inferir (según los economistas de IP y PP) que el gran objetivo ha sido el de revertir la tendencia de crecimiento de la carga fiscal de los subsidios, combinado con una transferencia brutal al conjunto de los usuarios de los subsidios directos a las empresas productoras de gas y los destinados a cubrir la operación del sistema.