La OEA aprobó una resolución que pide a Nicolás Maduro cancelar las elecciones del 22 de abril y fijar un calendario electoral "justo"
Con 19 votos a favor, 5 en contra, 8 abstenciones y dos ausencias, el texto aprobado por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, insta al régimen chavista a realizar comicios "libres y con observación internacional"
La reunión pudo celebrarse, pese al rotundo rechazo de Venezuela y Bolivia. El viceministro de Venezuela para América del Norte y representante en la ONU, Samuel Moncada, acudió a la OEA para protestar por la convocatoria de esta sesión al considerar que tiene como "único propósito linchar a Venezuela".
Esta es la primera sesión en la OEA sobre Venezuela desde la asamblea que el organismo celebró en Cancún (México) en junio del año pasado, donde el bloque caribeño salvó a Caracas de una resolución de condena regional.
En esta ocasión votaron a favor: Bahamas, Santa Lucía, Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Jamaica, México, Paraguay, Uruguay y Perú.
En contra se pronunciaron Venezuela, Bolivia, Surinam, Dominica y San Vicente y las Granadinas.
Se abstuvieron Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Haití, República Dominicana, Belice, San Cristóbal y Nieves, y Trinidad y Tobago.
El viceministro de Venezuela para América del Norte y representante en la ONU, Samuel Moncada, acudió a la OEA para protestar por esta sesión al considerar que tiene como "único propósito linchar a Venezuela".
"Es un intento de encender la violencia en nuestro país", afirmó, para subrayar que la votación de hoy hace que Venezuela corrobore su decisión de salir del organismo, algo que será efectivo el 28 de abril de 2019.
Para Moncada, la resolución aprobada es "una agresión de un grupo de Estados que pretenden tutelar a Venezuela" bajo la "orden" dada, a su juicio, por el secretario de Estado, Rex Tillerson, en su gira latinoamericana de principios de mes.
En la resolución aprobada, los países "consideran" que la convocatoria de comicios presidenciales para el 22 de abril "imposibilita la realización de elecciones democráticas, transparentes y creíbles de conformidad con las normas internacionales".
Resuelven, así, "exhortar al Gobierno de Venezuela a que reconsidere la convocatoria prematura de elecciones presidenciales y presente un nuevo calendario electoral que haga posible la realización de elecciones con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente, legítimo y creíble".
Además, piden que las elecciones "incluyan la participación de todos los partidos y actores políticos venezolanos sin proscritos de ninguna clase", "observadores internacionales" y "un Consejo Nacional Electoral cuya composición garantice su independencia y autonomía".
Para su aprobación, la resolución necesitaba el apoyo de al menos 18 países de la OEA, la mayoría simple de los 35 Estados miembros.
Antes de esta sesión, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió a la comunidad internacional que imponga nuevas sanciones, "más amplias y fuertes", al régimen venezolano al que acusó de ser "una amenaza para la paz y la seguridad internacional".
El funcionario también se refirió a la posibilidad de una reelección de Nicolás Maduro en las comicios. "La sanción más terrible para el pueblo venezolano serían seis años adicionales de represión y dictadura, de hambre, de enfermedad y de privación de sus derechos humanos", aseguró ante la audiencia en su discurso de apertura de la Cumbre de Ginebra.
La oposición, reunida en la Mesa de Unidad Democrática, considera las elecciones "fraudulentas": anunció que no participará a la cita electoral, aunque dejó abierta la puerta a acudir si el régimen ofrece garantías de un proceso libre y transparente.
A la crisis interna se sumó el creciente aislamiento del régimen en el frente internacional, tras la decisión de Perú de retirar la invitación a Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas, una decisión respaldada por los doce países del Grupo de Lima y por Estados Unidos.
El Grupo de Lima justificó su veto al considerar que la ruptura de la democracia constituye un "obstáculo insuperable" para la participación de un estado a la cita política más importante del continente.
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