Córdona Heróica repudia las palabras de odio hacia los ciudadanos Argentinos. Y solicita a las autoridades tomen medidas para evitar las discriminaciones xenofogas de politicos hacia los ciudadanos.

Desde Cordoba Heroica le decimos ¡Basta! a las discriminaciones xenofogas de politicos argentinos para con sus ciudadanos. Exigimos de las autoridades se dicten leyes condenando palabras y calificativos tales como: "Odio", "Golpista", "Gorila", "Oligarca", "vende patria", "cipayo", "nazi", "fascista", "Buitre", "Destituyente".


EXIGIMOS JUSTICIA POR: Las víctimas mortales de la tragedia del tren de Once: Juan Carlos Alonso; Karina Mariela Altamirano; Jonathan Maximiliano Báez; Dionisia Barros; Claudio F. Belforte; Natalia Benitez; Federico Agustín Bustamante; Micaela Cabrera Machicao; Darío Cellie; Daniel R. Matías Cerricchio; Juan Daniel Cruz; Graciela Beatriz Díaz; Sabrina Florencia Espíndola; Lucía Fernández Chaparro; Florencia Fernández Sugastti; Juan Leonel Frumento; Yolanda Sabrina Galván; Carlos María Garbuio; Alberto David García; Mónica Garzón; Marcela Alejandra Gómez; Ranulfo González Centurión; Verónica González Franco; Claudia Mariel Izzia; Fernando Andrés Lagrotta; Estela Legia (o Lei Jiang Yan); Nayda Tatiana Lezamo; Isabel López; Nancy López; Roberto López Pacheco; Alex Nahuel Martínez; Lucas Menghini Rey; Marina Moreno; Miguel Angel Núñez Vilcapona; Lucas Gabriel Palud Quini; Sofía Peralta; Silvia Gabriela Pereyra; Gloria Cecilia Pinilla León; Tatiana Pontiroli; Esther Sandra Reyes; Braulio Romero; Graciela Romero; María Scidone; Rosa Margarita Tevez; Sonia Torres Rolón; Gloria Alejandra Troncoso; Nicolás Elías Villalba; Pablo Fernando Zanotti; Cristian Zavala; Ana Teresa Zelaya; Ariel Zúñiga. VÍCTIMAS DE UN ESTADO IRRESPONSABLE - ¡JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLÍTICOS Y EMPRESARIALES!

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lunes, 11 de octubre de 2010

ESTADO DE DERECHO



¿Estado de Derecho o régimen de masas?

por Carlos Mira

La convocatoria a una concentración en la provincia de Santa Cruz por el caso de la reposición del procurador Sosa, fue una nueva demostración del embate del régimen de masas para imponer sus reales sobre el gobierno de la ley y el Estado de Derecho.

El retroceso al pasado que significaría la imposición definitiva de un régimen de masas por sobre uno que solidifique el Estado de Derecho es tan obvio como que un sistema de ese estilo depende del poder de convocatoria que ejercen las fuerzas de choque leales al “líder” y no de los consensos apacibles y civilizados de la democracia.

La relación que tiene un régimen de masas con el uso de la fuerza y, eventualmente, de la violencia, lo hace incompatible con la modernidad institucional que, justamente, trató de eliminar la fuerza y la violencia de las disputas políticas.

Por eso habría que aclarar frente al leitmotiv que se usó para la convocatoria, esto es, que la concentración preparada en Río Gallegos fue “para defender las autonomías provinciales” (y no para atacar a la Corte), que el sistema federal argentino -que el gobierno central debe garantizar- se basa en que las provincias tienen asegurada su autonomía en tanto y en cuanto organicen sus gobiernos de acuerdo a los principios de la Constitución Nacional y a la forma republicana de gobierno.

El gobierno federal no garantiza esa autonomía si las constituciones provinciales desconocen los principios de la Constitución o si su gobierno no está organizado de modo republicano.

Como todos saben, los principios del sistema republicano imponen la división e independencia de los poderes, la periodicidad de los cargos, la publicidad de los actos de gobierno, etc, etc. Se trata de las clásicas lecciones de Instrucción Cívica elemental de primer año del colegio secundario.

Cuando un gobierno provincial no respeta la división e independencia de los poderes atenta contra la organización republicana de su gobierno, por lo que el Gobierno Federal vía la competencia originaria de la Corte, puede intervenir para que esas instituciones se restablezcan. Dicha intervención no implica un desconocimiento de la autonomía de la provincia en cuestión sino el mero funcionamiento de lo dispuesto por la Constitución Nacional que no permite que los principios republicanos se desconozcan en ninguna jurisdicción.

De modo que esta demostración de fuerza, típica del régimen de masas, es contraria al derecho de la Constitución y al orden republicano que los argentinos decimos defender. La provincia de Santa Cruz violó los principios republicanos de gobierno cuando su gobernador despidió a un funcionario de otro poder, independiente del suyo, para lo que claramente no le asistía ninguna facultad legal. El entonces Gobernador Kirchner no puede decir que el despido de Sosa lo decidió y ejecutó en pleno uso de la autonomía que le corresponde a Santa Cruz, porque Santa Cruz no tiene autonomía para no ser republicana, y, para ser republicana, el Poder Ejecutivo debe respetar la independencia del Poder Judicial, lo cual incluye, naturalmente, la imposibilidad de que el Gobernador eche funcionarios judiciales.

Todo otro razonamiento que no coincida con esta lógica constitucional debe interpretarse como un intento de un régimen de masas para desconocer por la fuerza y la violencia lo establecido por el Derecho.

Una vez más, las muestras de que la sociedad argentina está asistiendo a un formidable choque de valores y de formas de entender el mundo y la convivencia social, son innumerables.

Ese choque, repetimos, enfrenta un modelo de masas con un modelo de Derecho. La sociedad deberá decidir quién lleva el triunfo en este partido. Pero todos deberemos recordar para dar nuestro voto y nuestra opinión, que las fuerzas de las masas pueden cambiar y, las que hoy nos favorecen, mañana nos aplastan. El Derecho en cambio tiende a asegurar el gobierno de una ley y de una justicia imparcial que no haga descansar en el poder de hordas circunstanciales la paz social y la convivencia pacífica. Estará en nosotros decidir qué queremos.

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