Córdona Heróica repudia las palabras de odio hacia los ciudadanos Argentinos. Y solicita a las autoridades tomen medidas para evitar las discriminaciones xenofogas de politicos hacia los ciudadanos.

Desde Cordoba Heroica le decimos ¡Basta! a las discriminaciones xenofogas de politicos argentinos para con sus ciudadanos. Exigimos de las autoridades se dicten leyes condenando palabras y calificativos tales como: "Odio", "Golpista", "Gorila", "Oligarca", "vende patria", "cipayo", "nazi", "fascista", "Buitre", "Destituyente".


EXIGIMOS JUSTICIA POR: Las víctimas mortales de la tragedia del tren de Once: Juan Carlos Alonso; Karina Mariela Altamirano; Jonathan Maximiliano Báez; Dionisia Barros; Claudio F. Belforte; Natalia Benitez; Federico Agustín Bustamante; Micaela Cabrera Machicao; Darío Cellie; Daniel R. Matías Cerricchio; Juan Daniel Cruz; Graciela Beatriz Díaz; Sabrina Florencia Espíndola; Lucía Fernández Chaparro; Florencia Fernández Sugastti; Juan Leonel Frumento; Yolanda Sabrina Galván; Carlos María Garbuio; Alberto David García; Mónica Garzón; Marcela Alejandra Gómez; Ranulfo González Centurión; Verónica González Franco; Claudia Mariel Izzia; Fernando Andrés Lagrotta; Estela Legia (o Lei Jiang Yan); Nayda Tatiana Lezamo; Isabel López; Nancy López; Roberto López Pacheco; Alex Nahuel Martínez; Lucas Menghini Rey; Marina Moreno; Miguel Angel Núñez Vilcapona; Lucas Gabriel Palud Quini; Sofía Peralta; Silvia Gabriela Pereyra; Gloria Cecilia Pinilla León; Tatiana Pontiroli; Esther Sandra Reyes; Braulio Romero; Graciela Romero; María Scidone; Rosa Margarita Tevez; Sonia Torres Rolón; Gloria Alejandra Troncoso; Nicolás Elías Villalba; Pablo Fernando Zanotti; Cristian Zavala; Ana Teresa Zelaya; Ariel Zúñiga. VÍCTIMAS DE UN ESTADO IRRESPONSABLE - ¡JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLÍTICOS Y EMPRESARIALES!

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martes, 15 de mayo de 2012

ROBOILUSIÓN

Diputados oficialistas impulsan ley para limitar tamaño de los campos. Sería mediante una reforma del Código Civil, y establecerían un máximo de 5.000 hectáreas dentro de una misma provincia, como el límite que no podría superar en propiedad ninguna persona física ni jurídica. También abren la puerta a la expropiación de campos cuando se verifique que no pagan sus obligaciones tributarias. Los diputados Francisco Plaini (Buenos Aires) y Oscar Albrieu (Río Negro), ambos integrantes del bloque oficialista, presentaron un proyecto de ley que podría cambiar muchas cosas de aprobarse. La iniciativa propone modificar el Código Civil de la Nación y retomar el espíritu de la Constitución peronista de 1949 en cuanto a la función social de la propiedad, incluida la tierra. Lo que proponen los legisladores, entre otras cuestiones, es la “prohibición” para cualquier persona física ni jurídica ni unidad agrícola familiar, de poseer “un inmueble rural que supere las cinco mil hectáreas (5.000 ha) dentro de la misma provincia”. La iniciativa establece otra modificación que traerá polémica, máxime después de la expropiación de YPF donde el gobierno ha demostrado que no le temblará la mano a la hora de asegurarse que su “modelo” político y económico tenga garantías de continuidad. Así los legisladores habilitan a la “expropiación o división y venta de los inmuebles rurales de grandes extensiones que no produzcan renta”. La norma prevé como forma de determinar la improductividad del campo “cuando no se pague impuesto vinculado a producción agropecuaria y/o industrial”. La iniciativa añade también otras modificaciones al Código, como asegurar el respeto a las servidumbres cuando haya propiedades que abarquen ríos o lagunas permitiendo el acceso y la circulación por el agua que atraviesa dichas propiedades. Otra de las modificaciones que plantea la norma es la impedir la subdivisión de una unidad económica en otra antieconómica, como ocurre en algunas provincias como Santa Fe, Río Negro, Córdoba, La Pampa mediante la reglamentación del Art. 2326 del Código Civil que es el que se plantea modificar. Los diputados se inspiran para el proyecto nada menos que en “la doctrina proclamada por el General Juan Domingo Perón que quedó plasmada en la Constitución de 1949 en su artículo 38 referido a la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica”, sostienen. “La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común” reza el mencionado artículo que recuerdan los legisladores. “Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo o intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva. ...”, concluyen en su cita los diputados peronistas.

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