EMPLEADOS PÚBLICOS

En cinco años, 54.000 empleados públicos más por Gabriel C. Salvia (*) Al asumir su primera presidencia, Cristina Fernández de Kirchner recibió la administración pública nacional con un total de 303.923 empleados y, de acuerdo al proyecto de ley de presupuesto 2013, la plantilla estatal llegará ahora a 358.202. Es decir que, en un lustro, la presidenta incrementó los recursos humanos del Estado nacional en 17,86%. Pero el número es un promedio, ya que algunas dependencias han sido más pobladas que otras. Por ejemplo, la Cancillería, uno de los pocos ámbitos profesionales que tenía la administración pública argentina, ha visto crecer sus empleados en 54,12%. Efectivamente, allí pasaron de 1.822 en el 2008 a los 2.808 que figuran en el presupuesto 2013, incorporándose en total 986 nuevos funcionarios en un ámbito donde los países serios reducen gastos. En el Congreso nacional, cuyas cifras de empleados políticos en otros tiempos escandalizaban, en los últimos dos años se incorporaron 2.083 nuevos empleados y ahora llegan a un total de 12.318. La cifra resulta vergonzosa porque hay mucha información disponible para comparar con las de otras legislaturas y parlamentos de países desarrollados, donde el promedio aproximado de personal es de 1.000 funcionarios. En tanto, en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, como si el nombre del organismo le otorgara un privilegio especial, fue donde el porcentaje de personal creció más: 75,09%, es decir: de 2.015 pasó a los 3.528 del período que se analiza. Más predecible es el aumento que mostró la Jefatura de Gabinete de ministros, de 1.304 a 1.762 empleados, o sea un incremento de 35,12%, valor que duplica el promedio general. Y más predecible aún, por la continua erosión que padece, el único ministerio que redujo su personal fue el de Defensa, aunque sea en 1,58%. Este aumento de empleados públicos no se debe solamente a que el Estado está asumiendo una mayor presencia en varios sectores, sino al estilo patrimonialista de gobierno. Esto significa que los nuevos empleados –la mayoría de ellos inamovibles– no han obtenido su trabajo mediante un proceso meritocrático y transparente, basado en el principio de igualdad ante la ley. Lo probable es que hayan conseguido el empleo como favor político o recomendación, lo cual no es la característica del ingreso a la función pública en ningún país realmente serio. Lo más llamativo es que nadie está dispuesto desde los partidos políticos a debatir sobre el tema y, cuando el Estado tenga menores ingresos y haya que ajustar, los afectados no irán precisamente a quejarse a los diputados y senadores que integran las comisiones de Presupuesto y Hacienda. Este incremento irresponsable del empleo público nacional será difícil de revertir y seguramente condicionará a los posteriores gobiernos, pues en el futuro habrá que tomar decisiones muy dolorosas. Como escribió hace muchos años el intelectual y político checo Václav Havel, "la desventaja natural de la democracia consiste en que les ata las manos a los que la toman en serio, mientras que a los que no la toman en serio les permite casi todo". (*) Director general del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal)