AMARILLOS EN PUGNA

Ahora, la pelea por la obra pública macrista: planes por u$s90.000 millones generan una puja entre industriales Por Juan Diego Wasilevsky El Gobierno avanza con un ambicioso plan de infraestructura y busca financiamiento del exterior. China y Rusia ya están abriendo sus billeteras pero, junto con estos fondos, también ingresarán equipos y materiales. Empresarios locales denuncian que no se aplica la ley "Compre Nacional" Los días que corren no son, precisamente, los más indicados para que un empresario quiera aparecer ligado a la obra pública. La saga de escándalos por corrupción está expandiendo un manto de sospechas sobre todo aquel que haya basado su negocio en los contratos con el sector estatal. Y sin embargo, no puede desconocerse que, en el contexto de una economía mediana y de fuerte impronta gubernamental, como la argentina, para muchas empresas no existe la posibilidad de pensar en una alternativa: simplemente, hay que estar. Sobre todo, cuando queda en claro que, ante la preocupación por el persistente clima de estancamiento, el gobierno de Mauricio Macri ha decidido que apostará, una vez más, a que este tipo de inversiones recuperen su histórico rol de locomotora de la economía. Es sobre esa base que se espera, una vez quebrado el punto de inflexión recesivo, que haya dos años de expansión al 3%. Pero claro, antes hay que atravesar este 2016 en terreno negativo: el Banco Mundial acaba de presentar sus estimaciones, en las que apunta una caída 0,5%. La decisión oficial se apoya, además, en un contexto internacional que no ayuda -especialmente en momentos en que Brasil, el mayor socio comercial, se encamina a cerrar el año con un desplome del PBI cercano al 4 por ciento. De manera que, tanto para los empresarios como para el Gobierno, la situación parece clara: la infraestructura pública es la forma de empezar a salir del pozo. Según trascendió, el Gobierno estará enviando en breve al Congreso un proyecto de ley para llevar a u$s90.000 millones la capacidad de financiamiento del país. En base a una asociación público-privada, la normativa busca acelerar los desembolsos en infraestructura y simplificar un aspecto clave: el acceso al crédito, facilitando la llegada a entidades internacionales y a los mercados de capital. "Si el Estado tuviera que construir todas las obras con financiamiento y capacidad técnica propia, tardaría mucho más que con la apertura de la posibilidad de construcción y financiamiento a otros actores", señaló Horacio Reyser, asesor del macrismo en materia de inversión extranjera. Esta cifra, por cierto, se acerca a la que ofreciera la canciller Susana Malcorra cuando, en el marco de un encuentro diplomático en Beijing, aseguró que el plan oficial contempla obras para los próximos cuatro años por la friolera de u$s100.000 millones. La pelea que viene Por el momento, los proyectos que están por ejecutarse o bajo estudio concreto, implican una inversión global de u$s45.000 millones que, según estimaciones oficiales, podrían crear un total de 550.000 puestos de trabajo a largo plazo. En el marco del 14° Foro Latinoamericano de Liderazgo en Infraestructura, organizado del grupo estadounidense CG/LA y en cuya apertura disertó el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, se conoció el largo listado de iniciativas contempladas, que por otro lado se irá ampliando. El de mayor envergadura es el Plan Belgrano, que lleva adelante la Jefatura de Gabinete de Ministros y que demandará u$s16.000 millones. Le siguen en importancia: - El plan de Expansión de la Infraestructura Hídrica en la provincia Buenos Aires (u$s3.200 millones) - La central nuclear Atucha III (u$s3.000 millones) - El Corredor Bioceánico Aconcagua, a cargo de la Corporación América (también u$s3.000 millones). Otros emprendimientos clave para reactivar el empleo y la economía serán: - Los del Gasoducto del Noreste (u$s 2.800 millones) - Las nuevas plantas potabilizadoras en Buenos Aires (u$s 2.000 millones) - La central hidroeléctrica Chihuido I, (u$s 1.900 millones). - La repotenciación de la central nuclear Embalse, en Córdoba (u$s 1.780 millones) - El túnel de Agua Negra entre San Juan, Argentina, y Coquimbo, Chile (u$s 1.700 millones) El problema es que, en paralelo a los grandilocuentes anuncios, entre las cámaras empresarias, grandes industrias y hasta asociaciones Pyme, hay un creciente temor de que todas estas obras impliquen una oleada de importaciones. Las mismas estarían asociadas a equipamiento, insumos y hasta mano de obra, dado que muchos de estos proyectos estarán apalancados con préstamos del exterior. La Cámara Argentina de Industrias Electrónicas y Electromecánicas (CADIEEL), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Asociación de Industrias Metalúrgicas (ADIMRA) y la propia Unión Industrial Argentina (UIA) son algunas de las tantas entidades que han comenzado a presionar al Gobierno para evitar que estas megaobras impliquen desplazamiento de la producción y del trabajo nacional. Y se basan en un hecho clave: en la Argentina existe una ley vigente denominada "Compre Trabajo Argentino" (la 25.551, sancionada en 2001). Además, hay otras dos normativas complementarias, sancionadas en las décadas del '60 y '70, que no fueron derogadas y que también tratan sobre la obligatoriedad de darle prioridad a las empresas nacionales en las licitaciones públicas. Sin embargo, ninguna de estas normativas se está contemplando hoy día. Desde la CAME, el secretario del sector Industrial, Pedro Cascales, afirmó a iProfesional que "en la actualidad, la ley que impulsa a la industria argentina en las licitaciones no se está aplicando". "Esto es preocupante, sobre todo en un momento como el actual, en el que la obra pública está a punto de convertirse en un gran motor para la economía", completó. El directivo sostuvo que las Pymes nacionales hoy no están contempladas y tienen enormes dificultades para participar de las licitaciones que, en general, se las llevan grandes contratistas", apuntó. En tanto, Jorge Cavanna, presidente de CADIEEL, advirtió que "la ley, además de no aplicarse, no alcanza para armar una defensa que proteja a la industria nacional". "El mayor problema que estamos teniendo es que cuando el financiamiento viene de afuera, se impone que los materiales, los equipos y los insumos provengan del país que pone el dinero. Si el Gobierno no fija limitaciones, terminan dejando de lado a las empresas nacionales", apuntó. "No estamos pidiendo que en las licitaciones se obligue a comprar todo internamente, pero sí poner a las compañías que dan trabajo a los argentinos en igualdad de condiciones y que tengan un trato preferencial, porque si se importa todo el equipamiento del exterior no se estará generando empleo genuino", completó. Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior, coincidió al señalar que "el «compre trabajo argentino» prácticamente no se aplica, no tiene carácter vinculante y ha habido un relajamiento de los controles". Esto, según el experto, es una preocupante grieta por la cual se podrían "filtrar" miles de millones de dólares en equipamiento importado que bien podría ser provisto por la industria local. "La práctica extendida es que el país que provee de financiamiento aprovecha y aporta equipamiento", expresó. Y añadió: "El caso más grosero es el de los chinos: te dan los fondos pero también traen sus materiales, su tecnología, sus obreros y hasta sus profesionales". Gasoducto y polémica La pelea más emblemática entre una empresa nacional y la competencia extranjera por la obra pública es la que viene librando Techint en contra del gobierno de Córdoba. La razón es que perdió recientemente una licitación contra tres firmas: la brasileña Odebrecht y otros dos grupos argentinos, pero que se presentaron asociados a firmas de origen asiático que aportaban el financiamiento. Se trata de Electroingeniería, que sumó a la alianza a China Petroleum Pipeline Bureau, y IECSA, que se alió con China Communications Construction Company LTD. Los números que hay en juego son realmente importantes. La construcción de tres sistemas de gasoductos troncales contempla casi 1.700 kilómetros de tuberías y 51.000 toneladas de acero. Un negocio que implica un desembolso de entre u$s250 millones y u$s300 millones. La queja de Techint es que no pudo competir contra las cotizaciones que hicieron las firmas del gigante asiático. "Difícilmente un sector de la industria nacional pueda sobrevivir a los precios chinos", señaló días atrás Javier Martínez Álvarez, director general de Tenaris. Incluso, el líder del gigante siderúrgico, Paolo Rocca, llegó a advertir que iba a cerrar definitivamente su fábrica de tubos sin costura si el Gobierno habilitaba las importaciones para las obras de ese gasoducto. Luego, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) puso el grito en el cielo porque quedó en juego la suerte de 5.000 trabajadores (entre directos e indirectos) que dependen la planta de Campana, lo que llevó a que el propio Macri intercediera ante el gobernador Juan Schiaretti. Sin embargo, desde el gobierno cordobés la respuesta no se hizo esperar. El ministro de Servicios Públicos provincial, Fabián López, aseguró que Techint "no quiere competir y que se pongan en evidencia los precios que maneja en el mercado local". "Hay una cuestión de fondo que es la intención de Techint de querer seguir fijando los valores de manera monopólica de sus productos en el mercado argentino, impidiendo la libre competencia y cualquier tipo de apertura", disparó. Cabe destacar que la empresa de Rocca había tasado la tonelada de caños sin costura a u$s2.500, un valor casi 140% más elevado que los u$s1.056 que propusieron las firmas chinas. En este contexto, la UIA emitió un duro comunicado en el que presionó para que el Gobierno avance con la aplicación del "Compre Nacional". Desde la entidad fabril denunciaron "la potencial destrucción de empleo industrial argentino que traerá la adjudicación del suministro de tubería y accesorios de origen chino para el gasoducto de Córdoba". Dinero y maquinaria rusa para Neuquén Otra megaobra bajo la lupa, por el ingreso de importaciones, es la represa de Chihuidos, ubicada en Neuquén, por la que el ministro Prat Gay viajará a San Petersburgo, Rusia. La construcción de ese proyecto la lleva adelante un consorcio liderado por la empresa Helport, de Eduardo Eurnekian. Según trascendió, el Vnesheconombank (Banco para el Desarrollo y Asuntos Económicos Exteriores) financiará el 90% de la obra. Y las compañías rusas Inter Rao y Power Machines serían las responsables de proveer desde las turbinas hasta los equipos generadores. Al ser "subcontratistas", cobrarían directamente del Gobierno argentino. Cavanna, celebró los anuncios de acuerdos con Rusia para la construcción de la represa. No obstante, advirtió que "no se deben repetir experiencias pasadas en la que los equipos y productos vinieron íntegramente de afuera sin tener en cuenta a la industria y al trabajo argentinos". En Santa Cruz, plata y materiales chinos Otras dos obras que están en el centro de la polémica son las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, que serán financiadas por un banco chino. La obra, que se construirá sobre el río Santa Cruz y que fue impulsada por la administración K, acaba de sufrir fuertes cambios. Es que el macrismo renegoció con el gigante asiático y acordó reducir su costo en u$s3.000 millones. Para empezar, de las once turbinas estipuladas inicialmente, quedarían ocho. Más allá de este cambio, la obra fue denunciada por la empresa Tubos Transelectric, firma que había pertenecido a Pérez Companc y que ahora pertenece a Javier Tizado, ex Techint y secretario de Industria en el año 2000. Según el empresario, con esta obra "se está vulnerando" la ley de Compre Nacional, ya que las centrales que se utilizarán provienen de China, cuando la Argentina está en condiciones de proveer esos mismos equipos. Cavanna, de Cadieel, aseguró a iProfesional que en los diferentes proyectos vinculados con la generación de energía eléctrica, "las fábricas locales tienen capacidad instalada para proveer entre el 60% y el 80% de los materiales. Lo único que necesitamos es que la ley permita que nuestras empresas tengan oportunidad para cotizar". Se avecinan cambios Frente a la ola de reclamos, desde la cartera de Producción, que dirige Francisco Cabrera, tomaron nota y dejaron trascender que proyectan introducir cambios a la ley de "Compre Nacional" para darle más prioridad a las empresas locales. "El problema es que Producción quiere introducir modificaciones cuando hay una normativa vigente a la que el Gobierno no le da ninguna importancia", se quejó el directivo de una de las cámaras, que pidió off the record. Paralelamente, el senador nacional por el PJ, Daniel Pérsico, volvió a presentar un proyecto de ley –luego de perder estado parlamentario- con el fin de mejorar el régimen actual de preferencia para la adquisición de productos elaborados con contenido local. Esta iniciativa del legislador cuenta con el apoyo de ADIMRA. En tanto, CAME busca impulsar un plan que contemple un "cupo Pyme" en las licitaciones públicas. Dicho cupo, según Cascales, "sería vital para las pequeñas y medianas empresas que no pueden competir contra grandes contratistas y que, cuando tercerizan, imponen márgenes exiguos". Al respecto, Ponce indicó que "todas las iniciativas que buscan modificar la actual ley –que no se está aplicando, pese a estar vigente- deben contemplar un planteo inteligente: evitar que aun cuando el financiamiento provenga de afuera la industria nacional quede excluida, pero sin pretender que el 100% de compre en la Argentina, porque esto es inviable". Lo cierto es que la necesidad del macrismo por reactivar la economía y el empleo dio inicio a una carrera por la obra pública con cerca de u$s90.000 millones en juego. Los empresarios chinos, rusos y de otras naciones miran el jugoso botín y saben que, con el respaldo de sus gobiernos, pueden imponer sus condiciones una vez que el financiamiento abre las puertas. Mientras tanto, las cámaras empresarias albicelestes están queriendo levantar una trinchera y reforzar las fronteras con el "Compre Nacional". Sin embargo, advierten que por ahora, al no aplicarse, es como tener una reja instalada pero que está abierta de par en par y sin llave.